El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca resolvió en favor de cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus representantes legales, al emitir una sentencia absolutoria y cancelar tanto las órdenes de aprehensión como la carpeta de investigación que existía en su contra, de acuerdo a medios nacionales.

Según los magistrados, la Fiscalía General de la República (FGR) actuó de forma irregular al reactivar el caso el 12 de junio de 2020, a pesar de que el expediente había sido oficialmente cerrado desde mayo de 2018. Esta reapertura, señalaron, no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que derivó en la anulación del proceso.

Los beneficiados por este fallo judicial son Roberto Jenkins, María Elodia Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

El batalla legal entre miembros de la familia Jenkins se remonta al año 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa, el hijo mayor, presentó una denuncia contra sus hermanos, acusándolos de apropiarse indebidamente de recursos pertenecientes a la Fundación Mary Street Jenkins, creada en 1954. El monto involucrado en el supuesto desvío fue estimado en aproximadamente 720 millones de dólares.

La fundación en cuestión es propietaria de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución que resultó severamente afectada por el litigio. En 2021, la UDLAP se vio obligada a suspender actividades por siete meses, lo que generó una crisis interna.

El rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez Bautista, detalló que a raíz del cierre, la matrícula se redujo en tres mil alumnos y se perdió alrededor del 70% del personal docente. Las consecuencias financieras también fueron significativas, con pérdidas superiores a los 300 millones de pesos.

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Foto: Especial 

cdch