Un tribunal federal ordenó el cierre definitivo de la investigación por lavado de 720 millones de dólares supuestamente desviados de la Fundación Mary Street Jenkins al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba impedida para reabrir la investigación y solicitar la vinculación a proceso de Juan Carlos Jenkins de Landa y el abogado Carlos Román Hernández por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada archivar la carpeta de investigación para que sea revocada la vinculación a proceso dictada contra Jenkins de Landa y Román Hernández.

La decisión de los magistrados también anula las órdenes de aprehensión que por lavado de dinero se emitieron contra Roberto, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins; Juan Guillermo Eustace Jenkins; y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

La reapertura del caso de lavado de 720 millones de dólares fue ordenada el 12 de junio de 2020 por el entonces Subprocurador de Delitos Federales de la FGR, Juan Ramos López, mano derecha del procurador Alejandro Gertz Manero.

Juan Ramos López señaló para reabrir la investigación que fue informado de que el denunciante, Guillermo Jenkins, buscaba ser reconocido como víctima u ofendido en el caso que había sido cerrado el 3 de mayo de 2018 por falta de elementos. El denunciante no se opuso al no ejercicio de la acción penal y al quedar firme la decisión la FGR no podía revocarla.

Sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la situación preexistente a favor de los peticionarios fue arbitrariamente revocada, con la posterior emisión del dictamen de 12 de junio de 2020, dijo el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal.

El pleito de la familia Jenkins comenzó en 2014 cuando la Fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar para la Filantropía que se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados. Ese mismo año Guillermo Jenkins de Landa inicia una denuncia en la junta de Puebla y ante el SAT.

En 2015 los abogados de la familia Jenkins abrieron en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano que fue designada como beneficiaria de los 720 millones de dólares y Guillermo Jenkins de Landa denunció el supuesto desvío de recursos; en 2017 llevó su reclamo a la PGR que en mayo de 2018 decretó el no ejercicio de la acción penal.

El 12 de junio de 2020 el hoy fallecido subprocurador Juan Ramos López reabrió la carpeta de investigación, hizo diligencias para obtener detalles sobre los portafolios de inversiones de la Fundación Jenkins en Estados Unidos por 228 millones de dólares. Y en 2021 la FGR judicializó la carpeta ante el juez de Almoloya que la aprehensión de la familia Jenkins por lavado de dinero.

“(…) la fiscalía decidió, por sí y ante sí, determinar un no ejercicio de la acción penal, bajo su exclusiva facultad investigativa, y encontró un límite en la firmeza jurídica que revistió el sentido de esa determinación, la cual, se insiste, fue producto de la decisión de la autoridad ministerial, por lo que es inexorable que como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al estado derecho, el cual como representante social, tenía el deber y obligación de respetar, por virtud de la institución a la que se pertenece y simboliza”, señalaron los magistrados del tribunal colegiado.

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Foto: Especial

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