No es novedad para nadie que el presidente Donald Trump está dispuesto a combatir, en su sano entender, a los cárteles mexicanos de la droga. Hace apenas unas semanas el propio gobierno de los Estados Unidos, en un acto que provocó numerosas reacciones en México, declaró terroristas a estas organizaciones.

Desde entonces la presidenta Claudia Sheinbaum se ha colgado de su propia popularidad para denunciar que el combate contra el crimen organizado es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano, y que rechaza cualquier tipo de injerencia estadounidense en asuntos de seguridad nacional.

Estas declaraciones le han sentado bien en términos de percepción pública. De allí que sus números de popularidad continúen creciendo hasta situarse en alrededor del 85% de aprobación, incluidos aquellos sondeos conducidos por medios de comunicación poco amigables con el régimen como Latinus.

Sin embargo, no todo es popularidad sino también actos de Estado. Apenas ayer Trump aseveró, desde el avión presidencial, que sí estaría dispuesto a apoyar a México, y aún más polémico, que Sheinbaum tenía miedo de enfrentar a los cárteles de la droga.

Estos dichos ilustran el hecho de que el crimen organizado campea libremente en México, que domina alcaldes y aduanas, y que ha penetrado hasta lo más profundo del Estado mexicano, desde poderes locales hasta quizás, altos niveles del gobierno federal.

Para desgracia del país, se escucha continuamente, como si hubiese devenido en una normalidad, sobre alcaldes y funcionarios locales asesinados a lo largo de la geografía; asesinatos, y no resulta descabellado pensarlo, como resultado de intereses divergentes entre grupos criminales y los gobiernos locales.

En un ejercicio interpretativo de los enunciados de Trump, Sheinbaum y su gobierno serían incompetentes para hacer frente a los más poderosos capos de la droga; muchos de ellos infiltrados en Sinaloa, y a decir de los trascendidos, en el negocio del huachicol que ha tocado a prominentes miembros de Morena.