Integrantes de la familia Jenkins de Landa acusaron que son víctimas de actos de corrupción por parte de abogados, jueces y funcionarios de la Ciudad de México y de Pachuca, en Hidalgo.

Elodía Sofia de Landa de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodla Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins de Landa publicaron una carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal y al de la Ciudad de México.

Ahí indicaron que los miembros de esa familia y sus asesores legales han sido víctimas de la “ambición” de un grupo de abogados y funcionarios que “operan ilegalmente al amparo del Poder”.

En específico señalaron a Luz María Ortega Tlapa, Jueza federal Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal adscrita a la Ciudad de México, e Iván Aarón Zeferín Hernández, ahora adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, Hidalgo.

Así como a Roberto Yáñez Quiroz, 24 Civil, y José Manuel Salazar Uribe, 60 Civil, jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que, dijeron, “han pervertido su trabajo para formar parte de una red de corrupción que se ha revelado recientemente, confirmando lo que denunciamos en su oportunidad en diversas instancias”.

En 2018, después de más de dos años de investigaciones, sostuvieron que fueron absueltos de los “infundados señalamientos y acusaciones” en su contra.

“Dos años más tarde, se vulneró el debido proceso mediante la intervención del juez Zeferín Hernández y se nos vuelve a juzgar por los mismos hechos de los que se nos exoneró, violando nuestros derechos humanos”.

Aunque solicitaron un amparo, cuestionaron que a más de tres años aún esperan una resolución.

“Es inaudito que en 11 ocasiones, sin justificación alguna, la jueza Luz María Ortega Tlapa ha diferido la audiencia de nuestro caso, evadiendo impunemente la emisión de la sentencia que reconozca el quebranto constitucional que sufrimos. Hoy, esta juzgadora debe celebrar la audiencia, de no hacerlo, confirmará la sospecha de lo que hace unos días se ha hecho del conocimiento público”, refirieron.

Señalaron que los jueces intentaron “despojarlos” de su patrimonio y el de las fundaciones que administran, embargando cuentas y propiedades, se le ha impedido una defensa y amedrentado a sus abogados mediante órdenes de aprehensión.

“Hacemos pública esta denuncia para exigir, con respeto y rigor, que se sancionen las conductas de los jueces que actúan para satisfacer intereses corruptos y que honren los principios que norman la actuación del Poder Judicial para que nuestro caso se resuelva conforme a derecho”.

A través de sus fundaciones, la familia Jenkins se vio envuelta en un litigio por los recursos que administraban en Puebla y que provocó el aseguramiento por un tiempo del campus de la Universidad de las Américas, así como cuentas bancarias.

Los casos se ventilaron ante juzgados de la Ciudad de México. 

Foto: archivo m

gse