Puebla, Pue.- El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a los partidos políticos a la conciencia, ética y responsabilidad para elegir a los candidatos a presidentes municipales, con el objetivo de que no tengan vínculos con la delincuencia, luego de que el dirigente del PSI, Carlos Navarro Corro, señaló que no era juez, ni fiscal para revisar antecedentes penales de los aspirantes.

El mandatario estatal reconoció que no les alcanzará el tiempo al Gobierno de Puebla y al Congreso local impulsar una reforma a la ley electoral, sin embargo, enfatizó que esta semana iniciará la reunión con diferentes dirigentes de partidos políticos para exhortarlos a que impulsen una “selección escrupulosa” de los perfiles a fin de que analicen a las y los mejores candidatos a presidentes municipales y evitar que tengan vínculos con la delincuencia organizada.

“Lo que sí creo importante es que haya una responsabilidad importante por parte de todos los partidos para que por supuesto escojan y analicen a los mejores perfiles, que analicen perfectamente bien quienes son los perfiles, sino lo hacen así entonces no les importa el beneficio del pueblo, hay que mandar a las y los mejores“, puntualizó.

Céspedes Peregrina reiteró su llamado a las diez fuerzas políticas con registro en Puebla para que analicen a cada uno de los perfiles que tiene el interés de participar en la contienda electoral a fin de que no tengan vínculos con la delincuencia organizada y se eviten casos como los de Coahuila.

En este sentido, se pronunció para que los partidos políticos se sumen al pacto de civilidad que impulsa el Gobierno del Estado para garantizar la gobernabilidad en los municipios durante el desarrollo de los comicios.

Es importante mencionar que el PSI designó en dos ocasiones y llevó al triunfo a Alejandro Martínez Fuentes como candidato a presidente municipal de Quecholac, pese a que era hermano del líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, delincuente con investigaciones de la FGR por el homicidio de cuatro militares durante un cateo en Palmarito Tochapan en 2016. 

Foto: Especial

cdch