El Pleno del Senado de la República aprobó, en unanimidad, el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas y municipios.

Esta propuesta busca que los gobiernos determinen su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, conforme a los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.

Cabe señalar que la última Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador –aprobada por Morena- fijaba que el gasto de Comunicación Social de estados y municipios no debía rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

Ello provocó que ayuntamientos del país presentaran controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley General de Comunicación Social.

El 22 de marzo pasado la Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor y una abstención, el dictamen y estaba pendiente el trámite en el Senado.

La reforma, ahora avalada con 92 votos en favor, deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos, en materia de comunicación social, al 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, explicó que el origen de esta propuesta es combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como permitir una administración recta y prudente del erario, con el fin de informar a la población sobre las campañas de los entes públicos. 

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que es relevante darle autonomía a cada entidad federativa, pues fortalece el Pacto Federal. Con esta reforma logramos adecuar la normativa, atender principios de interpretación y mantener el derecho de la ciudadanía a tener información verídica, sostuvo.

Por Acción Nacional, el senador José Alfredo Botello Montes, celebró la rectificación de este tema, ya que el bloque opositor señaló, durante la discusión del denominado “Plan B” de la reforma electoral, que acotar la autoridad de municipios es inconstitucional y atenta contra el Federalismo.

Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, mencionó que no se trata de un solo error normativo, sino que todo el cuerpo legislativo en materia electoral que se aprobó es inconstitucional. Además, recordó que su bancada presentó argumentos durante todo el proceso legislativo en contra del proyecto.

A su vez, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, informó que su bancada advirtió que este tema era inconstitucional, así como otros que aún contiene la reforma electoral, por lo que indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe trabajar para corregir lo que aún falta.

El proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo último del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Foto: archivo m

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