La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite del gasto del programa anual de comunicación social en las entidades federativas.

Se establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esa legislación.

Cabe señalar que la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador –aprobada por Morena- fijaba que el gasto de Comunicación Social de estados y municipios no debía rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

Ello provocó que ayuntamientos del país presentaran controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley General de Comunicación Social.

Hoy se expuso que de subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información.

Añade que la iniciativa objeto del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, tiene sustento constitucional en el artículo 134, párrafo octavo, donde se establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y agendas personalizadas.

Se evitan interpretaciones o desajustes

El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) expresó que con el dictamen se evitan interpretaciones o desajustes en la legislación de comunicación social, dándole claridad y precisión, y se garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna.

Dijo que es necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados.

Con la reforma, se faculta a las entidades para establecer su límite de gastos en materia de comunicación social, lo que reivindica y fortalece los principios republicanos sobre los cuales se rige el Estado mexicano.  

Precisó que para la Federación se mantiene el actual límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. “Es una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, conforme a los principios de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, economía y racionalidad presupuestaria”.

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gse