El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar dar a conocer los resultados de los programas implementados como parte del plan para combatir el robo de combustible o huachicol, precisando el presupuesto anual destinado a cada uno, el estado o municipio donde fue aplicado y el número de personas beneficiadas, desde su puesta en operación hasta septiembre de 2022.

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas destacó que, de unos años a la fecha, y de manera cada vez más evidente, las dependencias se declaran incompetentes para atender los requerimientos de la ciudadanía, como sucedió en esta ocasión, aun cuando existen elementos suficientes para determinar que cuenta con la información.

Inconforme, porque la Secretaría de Bienestar se declaró incompetente para conocer la información, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual indicó que, en 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que esa dependencia sería la encargada de coordinar las acciones sociales contra el combate al huachicol, denominadas Programas integrales para el desarrollo.

analizar el caso, la ponencia a cargo del comisionado Acuña Llamas constató que, en un comunicado del 23 de abril de 2019, la Segob dio a conocer el establecimiento de Programas integrales para el desarrollo, determinando que en todas las zonas caracterizadas por la práctica del huachicoleo se incentivaría la creación de oportunidades, a través de la Secretaría de Bienestar, bajo la premisa de que el robo de combustible se debía a la gran exclusión social en esas zonas.

Entre esos programas, se incluyeron los siguientes: Pensión para Adultos Mayores, Emergencia Social y/o Natural, Beca a Víctimas DDHH, Familias Pobres (Antes PROSPERA), Educación Básica 1 o más Becarios, Beca Educación Media Superior y Producción para el Bienestar.

Así, se advirtió que los programas integrales son los desarrollados por la Secretaría de Bienestar y van dirigidos a 9 entidades (Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz), dentro de las cuales se contemplan 91 municipios aledaños o dentro de las zonas donde se ubican ductos de Pemex.

Aunado a ello, se localizó el Reporte del avance de la atención brindada a las familias afectadas en Tlahuelilpan, Hidalgo, y de los programas integrales para el desarrollo, en el cual se describen las acciones realizadas por las dependencias federales involucradas para atender a las familias afectadas por la explosión de un ducto de Pemex en esa localidad.

En el documento, la Secretaría de Bienestar da cuenta de la coordinación interinstitucional con otras instancias federales para brindar atención a las familias afectadas, precisando que se les otorgó un Apoyo Humanitario Inmediato por la cantidad de 15 mil pesos y que fueron incorporadas Programas integrales para el desarrollo.

“Por todos lados aparecían referencias evidenciando que la Secretaría de Bienestar fue la concentradora de diversas actuaciones, de diversas dependencias, para llegar al fin de cuentas a los beneficiarios, personas que están cerca de puntos de donde ha habido y existe el famoso huachicol, que es esta extracción indebida de los ductos de la paraestatal, Pemex”, apuntó el Comisionado.

Por tanto, se concluyó que la Secretaría de Bienestar sí es competente para conocer sobre los Programas integrales para el desarrollo, razón por la cual el Pleno del INAI revocó la respuesta otorgada y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva, con criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes, a fin de que entregue a la persona solicitante la información de su interés.

Foto: archivo m

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