El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que el Congreso estatal deberá acatar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para corregir las omisiones en las reformas por las que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas en 2019 y la Ley de Salud Mental en 2021.

Las legislaciones fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al argumentar que el Poder Legislativo no consultó a los indígenas y afromexicanos, al igual que a personas con discapacidad para llevar a cabo sus procesos.

“Hay que tener más cuidado en las consultas que las leyes obligan antes de ser aprobadas y promulgadas las leyes”, consideró el mandatario respecto al proceso que realizaron los diputados de la pasada legislatura.

Destacó que hay 12 meses para cumplir con las resoluciones y realizar las consultas necesarias a las comunidades indígenas y a toda la sociedad en los segmentos y procedimientos que las leyes prevén.

De aprobarse las consultas, regresarán al Congreso para su validación, promulgación y publicación de las respectivas reformas.

“Hay que cumplir, se tiene que cumplir. Las resoluciones judiciales se cumplen, no se discuten”, destacó en conferencia de prensa.

La SCJN dio 12 meses a los diputados locales de Puebla para corregir ambas reformas, que fueron aprobadas en la pasada legislatura.

Ante la Corte están pendientes de resolver dos acciones de inconstitucionalidad, una en contra de la Ley del Notariado que se reformó el año pasado y otra contra la Ley de Defensoría Pública del Estado.

Foto: especial

gse