La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma del Congreso de Puebla por la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas en 2019 y la Ley de Salud Mental que se expidió en 2021.

Ambas legislaciones fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al argumentar que el Poder Legislativo no consultó a los indígenas y afromexicanos, al igual que a personas con discapacidad.

En el primer caso, los ministros de la SCJN señalaron que la Constitución del país y tratados internacionales firmados por México, obligan a consultar con comunidades indígenas las medidas, políticas públicas o decisiones institucionales que los involucren.

En tanto que el fallo contra la Ley de Salud Mental se sostiene en el entendido de que el Congreso no atendió lo señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga al Estado mexicano a realizar “consultas estrechas” con las personas con discapacidad.

La SCJN dio 12 meses a los diputados locales de Puebla para corregir ambas reformas, que fueron aprobadas en la pasada legislatura.

Ante la Corte están pendientes de resolver dos acciones de inconstitucionalidad, una en contra de la Ley del Notariado que se reformó el año pasado y otra contra la Ley de Defensoría Pública del Estado.

Foto: archivo m

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