Huauchinango, Pue.- En los municipios de Huauchinango y Juan Galindo no se cobrará el nuevo derecho aprobado por el Congreso del Estado de Puebla correspondiente al Derecho al Alumbrado Público (DAP) dado el conflicto que existe entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), además del presunto adeudo de 30 mil cuentas de usuarios.

Para el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, el cobro del derecho no tendría ningún efecto en las arcas municipales, debido a que, Huauchinango, como Juan Galindo y Ahuazotepec, son una tercia de demarcaciones que están en conflicto con la Comisión federal de Electricidad.

El edil explicó que Huauchinango se quedó fuera del cobro del impuesto dada la irregularidad en los pagos del servicio, “de nada nos serviría, no recaudaríamos nada si la gente no pagamos nuestro consumo”, dijo.

Por separado, versiones oficiales del ayuntamiento de Juan Galindo, dieron a conocer que el ayuntamiento de Juan Galindo no hará efectivo el cobro del DAP a sus usuarios del servicio de alumbrado público, debido a que es un municipio en conflicto desde la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Cabe destacar que el ayunta miento gasta poco más de 260 mil pesos por el servicio de alumbrado público, por lo que el cobro de los derechos sería un ingreso aceptable para las arcas municipales, sin embrago se cumplieron los tiempos permitidos para que las comunas pidieran que se les incluyera en la lista de municipios que lo aplicarían.

Los datos dados indicaron que, en todo caso, en la demarcación está un gran número de familias afectadas de manera directa e indirecta al dar el decreto de extinción de la compañía, por lo que el impuesto afectaría más.

Entre los tres municipios citados existen alrededor de 30 contratos de energía eléctrica que no se pagan, mismos contratos que se hicieron con la extinta Luz y Fuerza del Centro, por lo que los usuarios consideran que los compromisos no están vigentes y han estado en resistencia para que la CFE acepta firmar contratos de servicios con los usuarios, pero la ex paraestatal se ha negado.

Fotografía Marco Antonio Licona

clh