Los hermanos Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa se asumieron como inversionistas estadunidenses y en esa calidad notificaron al gobierno de México de su intención de reclamar una indemnización por “cientos de millones de dólares” en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del T-MEC.

La revista Proceso publicó que en el documento, entregado a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, acusan que tanto ellos como las fundaciones Mary Street Jenkins (FMSJ) y de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) son “víctimas de una campaña de represalias” de autoridades federales y estatales.

La supuesta persecución incluye la toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que se mantiene desde el 29 de junio, y aseguran que les ha causado “pérdidas significativas” en honorarios legales, daños a la reputación, oportunidades de inversión, pérdidas y propiedades confiscadas.

Por ello, los hermanos Jenkins piden al gobierno federal someterse a un arbitraje internacional en el que diriman “amigablemente” las controversias en negociaciones con los representantes del Estado mexicano, o bien, advierten, activarán su reclamo de una millonaria indemnización.

“Hasta la fecha, estos daños ascienden a cientos de millones de dólares, pero sin duda aumentarán si México toma nuevas medidas”, expone el escrito, que la familia presentó el 8 de julio invocando el capítulo 11 del TLCAN, y volvió a enviar el 16 del mismo mes con una enmienda: se refiere también al Anexo 14-C del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para interponer este recurso los hermanos, quienes cuentan con al menos dos órdenes de aprehensión, contrataron los servicios del despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, con oficinas en Washington.

Foto: archivo m

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