Puebla, Pue.- El apoderado legal del nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP), Rodrigo Gurza Cárdenas, sostuvo que no es válido el nombramiento de Cecilia Anaya Berríos como rectora interina.

Ello después de que Luis Ernesto Derbez Bautista solicitó licencia como rector para enfrentar el proceso penal que se inició en su contra y de otros funcionarios de la institución.

A través de un comunicado Gurza Cárdenas sostuvo que el anterior patronato de la FUDLAP fue removido derivado de los desvíos de recursos que realizaran para “beneficio personal”.

Señaló que Margarita Jenkins de Landa, “quien su ostenta como presidenta de ese patronato, se

encuentra prófuga desde marzo del presente año, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión, una por lavado de dinero y otra por fraude, emitidas por un Juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, y por un Juez del Estado de Puebla”.

Indicó que debido a ello no tiene facultades legales para nombrar o remover a ningún funcionario de la Universidad de las Américas Puebla.

“Por ello no tiene validez el nombramiento de la Doctora Anaya, por lo que se le exhorta a no llevar a cabo acto alguno que pretenda convalidar un nombramiento realizado por personas que se encuentran prófugas de la justicia”.

Agregó que el patronato que fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se reserva todas las acciones legales contra cualquier persona que indebidamente ostente cargos que no hayan sido debidamente emitidos y ratificados.

Cabe señalar que el nuevo patronato tomó control de la administración del campus de la UDLAP el 29 de junio pasado por orden de un juez de la Ciudad de México, ante lo cual los anteriores encargados –encabezados por la familia Jenkins- iniciaron un proceso legal y han señalado que obtuvieron la suspensión de ese acto a través de un juicio de amparo por lo que mantendrían el control de la universidad.

Sin embargo el litigio aún no se ha resuelto y las instalaciones de la universidad siguen en posesión del órgano designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones, que denunció un desvío de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins que originalmente estaban destinados para obras educativas, sociales y deportivas.

Foto: archivo m

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