Puebla, Pue.- El Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla dio un ultimátum a Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, para acatar de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins a fin de recuperar la administración del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Este juzgado es el mismo que otorgó la suspensión de amparo ordenando la devolución de las instalaciones de la UDLAP, notificada el 18 de julio pasado.

Cabe señalar que desde el 29 de junio, un patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla tiene bajo su resguardo el campus, por orden de un juez.

Este lunes la Fundación informó a través de un comunicado que el pasado jueves 5 de agosto interpuso una denuncia contra Yáñez Quiroz por evadir el cumplimiento a la suspensión de amparo vigente, concedida desde el Poder Judicial de la Federación que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) que preside Margarita Jenkins de Landa.

“La determinación tiene efectos restitutorios inmediatos que pretenden ser desconocidos por el Juez capitalino, que se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y de forma irregular lo envió al Juez 60 Civil, con la finalidad de eludir el mandato del juzgado federal”, expuso.

Por tal motivo requirió a ambos jueces de la Ciudad de México -al juzgado 60, sólo en el caso de haber aceptado el conocimiento del caso- para que de inmediato informen sobre el cumplimiento de la suspensión, que obliga regresar las cosas al estado en que se encontraban, “hasta antes de la incursión violenta con Policía Estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio”.

“Se advierte que, de seguir evadiendo el cumplimiento de la suspensión, el Juez Roberto Yáñez será multado y además denunciado ante el Ministerio Público de la Federación, de acuerdo al artículo 282 de la Ley de Amparo, que prevé estas sanciones en contra de quienes muestren una conducta de desacato”, se agregó.

“Este ultimátum hace evidente un concierto de acciones dolosas que violentan el Estado de Derecho, con el objetivo de intentar normalizar un flagrante atropello contra el patrimonio privado de la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla”, agregó.

Foto: archivo m

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