Puebla, Pue.- La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) acusó que el juez 24 Civil en la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, evade su responsabilidad de dar cumplimiento a la suspensión de amparo que ordena devolver el campus de la UDLAP a las autoridades académicas y a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP), encabezada por Margarita Jenkins de Landa.

A través de un comunicado la Fundación señaló que el funcionario es el mismo que ordenó las medidas precautorias por las que el 29 de junio se entregó la administración de las instalaciones a un patronato nombrado por nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

La FMSJ refirió que la suspensión otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla tiene efectos restitutorios que pretenden ser desconocidos por el juez capitalino, luego de que este jueves se declaró incompetente para seguir conociendo del caso y lo mandó al juez 60 de lo Civil.

“La Fundación Mary Street Jenkins detectó que se enviaron a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México las actuaciones que ordenan al Juzgado 24 de lo Civil de la CDMX el acatamiento de la suspensión otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, con el propósito de eludir su cumplimiento”, expuso.

Además se indicó que Yáñez Quiroz mandó un oficio al Juez Federal de Puebla, en el que le informa que ya no tiene el expediente a su cargo.

“Estos hechos confirman el concierto de acciones en el Juzgado 24 capitalino y desde el patronato espurio, impuesto por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, que obedece las instrucciones del gobernador Miguel Barbosa, para burlar la suspensión que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins, tras la ilegal incursión de la Policía Estatal de Puebla en el campus de Cholula”.

La FMSJ hizo un llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue las acciones de Roberto Yáñez Quiroz, titular del Juzgado 24 de lo Civil, ya que “que viola el Estado de Derecho con la finalidad de facilitar el apoderamiento ilícito de patrimonio privado a través de medidas que ya fueron anuladas por un juzgado federal”.

Foto: archivo m

gse