El propósito de la 4T es que “el pueblo” decida llevar o no a “juicio” a cinco ex presidentes (el sexto vivo, Luis Echeverría, fue salvado de este linchamiento político), mismos que ni siquiera están acusados menos aún sujetos a proceso judicial alguno por hechos, en boca del presidente López Obrador, ajenos al Código Penal Federal: Por entregar “todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”, Carlos Salinas de Gortari; “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, Ernesto Zedillo; “porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia”, Vicente Fox; “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas”, Felipe Calderón, y “por los actos evidentes de corrupción”, Enrique Peña Nieto.

La semántica juega un papel galimático en todo el embuste desde que la propuesta original de AMLO fue modificada y reducida por la Suprema Corte de Justicia. Rezaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Y remendada por el pleno de ministros quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”. La premisa del “apego al marco legal” anula que se vote por “enjuiciar” o “esclarecer” lo que sea. Más que merecido zape a la Suprema Corte: en el “neoliberal” semanario The Economist, el columnista Michael Reid acierta al publicar que la pregunta bien “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”. Y todo para “orquestar una especie de juicio-espectáculo”. Recurrir al voto popular –comenta– “para decidir si enjuiciar o no, es una parodia del Estado de derecho”. En el colmo, lo que vuelve más surrealista el ejercicio es que “el presidente dice que no votará, porque no es vengativo ni quiere quedarse aferrado al pasado…”. Para como quedó la pregunta, son varios los achichincles del Presidente que, con acusaciones por delitos precisos, están en riesgo firme de ir a la cárcel, sobre todo del sector Salud por la desastrosa “estrategia” contra la pandemia y el manejo político de la vacunación, así como el escamoteo de medicinas, en especial contra el cáncer infantil.

Columna de Carlos Marín

Foto ArchivoM

Milenio

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