Pahuatlán, Pue.- Si se derrumba la calle 5 de Mayo de Pahuatlán “ya se chingó el pueblo”, dice Rommel Pérez Castelán, comerciante y habitante de una de la viviendas ubicadas a poco más de cinco metros del barranco que cada día se profundiza más, en el lugar declarado por el Congreso de la Unión, el 8 de noviembre de 2007, como “zona de desastre”.

Pérez Castelán, junto con sus vecinos Camerino y Oscar Vargas, aseguraron que hasta el momento ningún funcionario de Protección Civil del estado ha acudido a hacer una supervisión de los reportes que han hecho sobre el movimiento del talud, ni sobre el estado de las obras de apuntalamiento de la meseta en que está asentado el Pueblo Mágico.

Al lugar, dijeron, hace varios meses llegó un señor “Eloy”, empleado del ayuntamiento que encabeza el priista Melitón Guzmán Vallejo, quien sólo sacó algunas fotos y les informó que llegarían funcionarios del gobierno estatal, “pero no lo han hecho”.

Además del constante movimiento de la tierra, que se agudiza en temporada de lluvias, las aguas negras caen barranca abajo, provocando nuevos deslaves y escurrimientos en el área donde fue detectada una falla geológica.

La preocupación de los vecinos de la calle 5 de Mayo, que hace seis años fueron afectados por el deslave que puso al borde del precipicio a sus viviendas, crece por la falta de terminación de los trabajos de apuntalamiento de “la zona de desastre”,  que fueron suspendidos cuando “apenas tenían un avance del 50 por ciento”.

Los trabajos de cimentación fueron ejecutados por Antonio Martínez Vargas, quien fue además superintendente de la obra, y también participó la empresa Cimentaciones S. A. de C. V., a cargo del ingeniero Jesús Hilario Pérez, pero nadie puede informar cuánto se gastó en ellos, aunque en entrevista pasada el acalde Guzmán Vallejo calculó que fueron unos 50 millones de pesos.

Igualmente desconocen qué cantidad de dinero destinó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al aprobar un punto de acuerdo el 8 de noviembre de 2007 Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que declaró al lugar como “zona de desastre”.

El acuerdo previó la ejecución de obras de protección que evitaran riesgos posteriores para los habitantes de la cabecera municipal de Pahuatlán, como la renovación de las redes de agua y de drenaje y la construcción de colectores para encauzar las aguas pluviales, que serían financiados con recursos del Programa de Agua Potable y Saneamiento, que a la fecha no se han realizado.

Aguas negras fluyen las 24 horas

En la presente administración municipal, indicaron los vecinos, se ha invertido en la pavimentación de la plaza, en un nuevo quiosco, en la pintura de algunas casas y se hermosearon las oficinas del ayuntamiento, pero aquí “las aguas negras fluyen las 24 horas del día, a cinco metros de nuestras viviendas y negocios”, justo atrás de una tortillería ubicada 100 metros abajo del Palacio Municipal.

Las aguas residuales, con sus pestilentes olores caen igual que las de las lluvias, entre las dos laderas que circundan el muro de gavión que se construyó en la zona de derrumbes, que además presenta varias deficiencias, según les han comentado algunos especialistas.

El muro es muy alto, tiene piedras sueltas que son sostenidas en algunas partes por una malla ciclónica y, al fondo, está el tubo de desagüe, que en tiempos de lluvias cae a borbotones y hay problemas de asolvamiento. Además  de que ya son evidentes los derrumbes en diversas partes.

Las descargas de agua no tienen por dónde conectarse con el río y se están yendo por filtración, provocando humedad en el suelo y ante la presencia constante de lluvias como las del huracán Ingrid en septiembre pasado, han arrastrado una gran cantidad de tierra, haciendo más corta la distancia entre sus casas y comercios, y el precipicio.

“Hemos ido a la presidencia para ver qué solución se le va a dar al problema, pero no tenemos ninguna mejora, ni nada. Nos han dicho que van a venir de Protección Civil del estado, pero nadie lo ha hecho. Sabemos que se tienen que canalizar las aguas negras y las de lluvia. Podemos ayudar económicamente, pero no ha habido respuesta de la autoridad”, explicó Rommel Pérez Castelán.

“Queremos que nos hagan tantito caso y que vengan a ver. No queremos desalojar porque aquí están nuestras fuentes de trabajo, tengo a más de 15 trabajadores. Son 15 familias que dependen del negocio. No los podemos cerrar. Pero no nos dan opciones y no sabemos si lo que pasa es que el presidente no le quiere dar molestias al gobernador y Moreno Valle desconoce lo que está sucediendo”, agregó.