Puebla, Pue.- Puebla se posicionó como la segunda entidad del país con tres ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos ocurridas en 2022, así se establece en el informe proporcionado por el Comité Cerezo México.

Cerezo México es una organización de trabajo, solidario y voluntario, dedicado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, autónomo, laico e independiente

Su estudio indica que el año pasado, 22 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente en México, es decir, cometidos por autoridades.

De este número, diez ocurrieron en el estado de Oaxaca, para ubicarse en el primer lugar con más registros; le siguió Puebla con tres casos; Michoacán (dos) y con un solo caso aparecen Baja California Norte, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala.

De acuerdo con el informe, a partir de 2010, la cifra de víctimas de la violencia de Estado comenzó a incrementarse. Esto, coincide con la guerra contra el narco.

“Con Peña Nieto las cifras son escandalosas. Con AMLO evidentemente hay una continuidad, aunque desde el gobierno no hay una política extrajudicial, sí vemos que en el gobierno estatal y municipal continúa. Entonces tiene responsabilidad”, detalla Francisco Cerezo, coordinador de Comité Cerezo México.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Puebla los asesinatos cometidos en el municipio de Coyomeapan, a manos de policías estatales, el 9 de mayo del año pasado, las víctimas fueron Marcelo Carrera Bolaños, Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo, este último, menor de edad.

En la gestión de AMLO van 79 víctimas

En los cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya suman 79 víctimas, esta cifra ya supera a la administración de Felipe Calderón donde asesinaron a 67 personas.

Sin embargo, el periodo de Enrique Peña Nieto continúa siendo el más violento con 189 víctimas. De acuerdo con el informe, a partir de 2010, la cifra de víctimas de la violencia de Estado comenzó a incrementarse. Esto, coincide con la guerra contra el narco.

El informe explica que los derechos humanos que defendían las personas eran: territorio, vida digna, libertad de expresión, autodeterminación, medioambiente e integridad personal y protesta.

El informe puntualiza que en ocho casos se sabe que las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, 12 eran mestizas, uno era afrodescendiente y en uno más no se pudo determinar la pertenencia o no a un pueblo indígena.

También, el documento destaca que 12 casos se dieron en municipios gobernados por el PRI, en ocho gobierna Morena y los otros dos están a cargo del PAN y PES.

Foto EsImagen

mala/clh