Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció a favor de que las autoridades correspondientes investiguen la complicidad del ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Francisco N, con políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para evitar las observaciones en sus cuentas públicas. 

El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que no opinaría sobre la información que le hicieron llegar respecto a la red de complicidades con políticos del Revolucionario Institucional, además de los despachos jurídicos que auditaron a los municipios, además refirió que no podría determinar si estos funcionarios tuvieron responsabilidad o no, ya que las autoridades correspondientes definirán esta situación. 

Barbosa Huerta reveló que a él le llega toda la información de las dependencias y entes públicos y al Gobierno del Estado le brindaron información de una red de complicidades entre la Auditoría Superior del Estado con políticos, asimismo, lamentó que trabajadores de este organismo se hayan convertido en alcahuetes del ex auditor Francisco N. 

Lo anterior luego de que las cuentas públicas del edil de Cueltzalan no cuentan con observaciones por parte de la ASE. 

Es importante mencionar que a principios de este mes, el mandatario estatal reveló que el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Rubén de la Fuente Vélez, desmonta un conjunto de compromisos que construyó el ex auditor Francisco N, en conjunto con ediles, pues reveló que un ex diputado local y un personaje de la dirigencia estatal del PRI pactaron mecanismos de vinculación con el órgano de fiscalización para generar “condiciones de encubrimiento y complicidad”.

Por lo anterior, advirtió que todas estas versiones tendrán que investigarse por parte de las autoridades correspondientes, pues con esta interpretación periodística suena lógico los vínculos del ex auditor Francisco N, con los políticos del Revolucionario Institucional, además de que tendrá que desmontar toda esta “araña de complicidades” para evadir las auditorías contra los sujetos obligados. 

Foto: Archivom

cdch