La extorsión arrebata algo más que bienes, arrebata la tranquilidad, la confianza y hasta la dignidad de las personas. Por eso, hablar de seguridad y construcción de la paz no solo se refiere a hablar de cifras o estrategias, sino de la vida misma de quienes tienen que tomar decisiones bajo amenaza, vivir con miedo y, muchas veces, callar por temor a represalias.
Por eso, celebramos la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para que el delito de extorsión se persiga de oficio. Se trata de una decisión de fondo que responde a una realidad: que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza. Esta reforma, precisamente, busca que ese silencio ya no sea una barrera para que el Estado actúe.
Cuando el Estado toma la responsabilidad de iniciar la persecución penal sin necesidad de una denuncia formal, da un paso fundamental, es decir, asume su deber como protector de la ciudadanía. Esta visión es profundamente humana, porque ya no solamente se trata de fortalecer el marco legal, se trata de construir una justicia más cercana, sensible y eficaz.
La propuesta que presentó la Presidenta no viene sola, forma parte de una estrategia integral que contempla herramientas tecnológicas, inteligencia financiera, operativos en centros penitenciarios y la operación del número 089 para denuncias anónimas; todo con el fin único de romper el ciclo de impunidad que permite que este delito crezca en las sombras.
Es importante señalarlo con claridad: la verdadera transformación consiste en colocar a las personas en el centro de las decisiones; que quien sufra una extorsión sepa que no está sola o solo, que el Estado está atento, que actúa, que responde. Y esta reforma permitirá que eso sea una realidad.
También hay otro componente clave: la armonización legal. Actualmente, los marcos jurídicos estatales son desiguales y muchas veces dejan vacíos que entorpecen la justicia. En ese sentido, al permitir que el Congreso de la Unión expida una Ley General contra la Extorsión, se construye un piso parejo en todo el país y se refuerza la coordinación entre las fiscalías.
Por nuestra parte, en la Cámara de Diputados, estaremos atentos para analizar y discutir esta reforma, porque la integridad de las víctimas no puede depender del valor que tengan para denunciar, sino del compromiso del Estado mexicano para protegerlas. Porque cada extorsión frustrada es una familia que duerme tranquila y cada extorsionador detenido es una red de miedo que se rompe.
La visión de seguridad que impulsa esta reforma parte del cuidado, no del castigo. Parte de la confianza, no del miedo. Y eso, al final del día, todas y todos lo buscamos. Porque la justicia empieza ahí, y es nuestro deber hacerla posible.
X y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
