A finales del siglo XVIII, Kant escribió Sobre la paz perpetua, más que como un simple ejercicio filosófico, como una propuesta radical para construir un orden basado en la razón, la justicia y la cooperación entre los pueblos.
En su visión, la paz no era la ausencia temporal de conflicto, sino una estructura institucional que debía sostenerse sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. La paz, entendida de esta manera, no es inercia ni pasividad, sino un verdadero proyecto de Estado, y hoy este planteamiento encuentra eco en el modelo de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lejos de plantear una salida reactiva o represiva a la violencia en el país, el nuevo diseño institucional en materia de seguridad apuesta por una transformación de fondo e integral, basada en tres pilares estratégicos: un brazo operativo (con la Guardia Nacional); una columna vertebral de coordinación institucional (con el Sistema Nacional de Seguridad Pública), y una mente estratégica (con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia).
Este rediseño no es menor. Se trata de un cambio de paradigma que rompe con décadas de respuestas fragmentadas, desarticuladas y, muchas veces, improvisadas. La violencia que se agudizó durante el periodo neoliberal no se resolverá solamente con más operativos o patrullas; se requiere inteligencia, profesionalismo y coordinación efectiva entre órdenes de gobierno.
Esa es la lógica que está detrás de las reformas aprobadas durante el actual periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, las cuales representan un punto de inflexión en la política de seguridad. Y es que durante años se intentó enfrentar el crimen organizado con fórmulas caducas: operativos fallidos, respuestas inmediatas y sin seguimiento o alianzas frágiles entre corporaciones de seguridad que no compartían información.
El resultado fue un modelo costoso e ineficiente que profundizó la desconfianza del pueblo en las instituciones. Ahora el enfoque cambió, ya que el nuevo modelo propone una seguridad con sentido estratégico, cimentada en la prevención y la inteligencia como sus principales herramientas.
La Guardia Nacional, por ejemplo, deja de ser solo una fuerza de despliegue territorial para convertirse en un cuerpo profesional, adscrito administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, eficiente en su operación y civil en su vocación, capaz de interactuar en forma cercana con la ciudadanía. Al fortalecer su marco normativo y su estructura organizacional, se garantiza que su actuar sea coherente, transparente y apegado a los derechos humanos.
Pero ninguna fuerza operativa puede tener éxito sin una buena coordinación. Por eso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública adquiere un nuevo papel; ya no es solamente un espacio de reunión entre instituciones, es además un verdadero engranaje que articula información, protocolos, estándares y evaluaciones. Ahora cada estado, cada municipio y cada corporación van a cooperar, a compartir datos y a construir una estrategia común.
Y quizá el componente más innovador es el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, porque en seguridad la clave está en anticiparse; prevenir es proteger. Este nuevo sistema permitirá al Estado mexicano detectar amenazas, advertir riesgos complejos y actuar con precisión, con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, se establecen controles democráticos, auditorías independientes y mecanismos claros de rendición de cuentas. La inteligencia deja de ser un terreno oscuro para convertirse en una herramienta legítima del Estado democrático.
Este rediseño es resultado de una visión clara de país. Es la expresión de un compromiso político con la paz duradera y con la justicia. De ahí que el planteamiento sea tanto institucional como profundamente ético, pues busca fortalecer la seguridad no a costa de la dignidad, sino desde el respeto absoluto a los derechos de cada persona; es decir, no se trata de imponer el orden, se trata de construirlo entre todas y todos.
Aún hay quienes se resisten a entender que la seguridad no es sinónimo de fuerza bruta; que la paz es un conjunto de decisiones y procesos, y que la transformación no es inmediata, pero es el camino correcto. Los resultados de los primeros meses de la gestión de nuestra mandataria son alentadores, y lo serán más en la medida en que estas reformas se apliquen con profesionalismo, ética y visión de largo plazo.
Por ello, debemos mantener la unidad y respaldar la Estrategia Nacional de Seguridad, que deja atrás las improvisaciones y apuesta por un modelo de seguridad moderno, justo y eficiente. La aprobación de esas reformas es el inicio de la nueva etapa.
En el Poder Legislativo seguiremos impulsando los cambios que México necesita, porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho. Compartimos la visión de la presidenta Sheinbaum, porque sabemos que es la estrategia adecuada, porque creemos que la paz y la seguridad son producto de la justicia y, sobre todo, porque estamos convencidos de que, con inteligencia, coordinación y dignidad, sí es posible seguir transformando a México.
X y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
