Una corte de apelaciones en Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump excedió sus facultades legales al imponer una serie de aranceles comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), norma que originalmente fue creada para responder a amenazas extranjeras en escenarios de crisis.

Aunque el fallo considera ilegales la mayoría de estos aranceles, el tribunal permitió que continúen en vigor hasta el 14 de octubre, con el fin de dar tiempo a que el equipo legal de Trump pueda presentar una apelación ante la Corte Suprema.

La decisión judicial representa un golpe a una de las principales herramientas políticas y económicas utilizadas por Trump durante su gestión, ya que los aranceles fueron implementados para presionar a otros países y renegociar acuerdos comerciales, principalmente con China, México y Canadá. Sin embargo, el fallo señala que la ley en la que se basó el expresidente no autoriza explícitamente el uso de aranceles como medida de emergencia.

La IEEPA, creada en 1977, ha sido usada históricamente para congelar activos de gobiernos hostiles o imponer sanciones financieras. Trump fue el primero en utilizarla como fundamento para establecer impuestos a productos extranjeros, argumentando que el déficit comercial y el ingreso de drogas como el fentanilo representaban una amenaza para la economía y seguridad de Estados Unidos.

Desde su red social Truth Social, Trump reaccionó al fallo reafirmando su postura: “Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país”. Añadió que las medidas fueron necesarias para defender a los trabajadores, agricultores y fabricantes estadounidenses, y acusó a sus críticos de debilitar a Estados Unidos económicamente.

La sentencia del tribunal responde a dos demandas: una promovida por cinco pequeñas empresas afectadas por los aranceles, y otra encabezada por doce estados, en su mayoría gobernados por demócratas. Ambas partes argumentaron que la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la facultad de imponer impuestos y aranceles, y que cualquier cesión de ese poder debe estar claramente delimitada.

El fallo no afecta los aranceles impuestos por Trump bajo otras normativas, como los relacionados con las importaciones de acero y aluminio, que se sustentaron en leyes diferentes.

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