Una nueva solicitud de desafuero en contra del senador priista Alejandro Moreno Cárdenas fue recibida esta semana por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, derivada de cinco denuncias interpuestas por la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Los señalamientos incluyen peculado, usurpación de funciones y abuso de facultades, entre otros posibles delitos cometidos cuando se desempeñó como gobernador.

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que será entre este viernes y el próximo lunes cuando se le notifique oficialmente al legislador. No obstante, el análisis del caso no comenzará de inmediato, pues la discusión se aplazará hasta que arranque el periodo ordinario de sesiones en septiembre.

“Nos llegó recientemente y no vamos a ponerle fechas por anticipado. Primero hay que revisar bien el expediente”, comentó Flores al ser cuestionado sobre los tiempos procesales.

El antecedente de 2022

Esta nueva acción judicial se suma a un intento previo de desafuero promovido en 2022, también por la Fiscalía estatal, relacionado con presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en ese momento el proceso fue cerrado sin dictamen, ya que la propia Fiscalía se desistió. Según el legislador, esto no se debió a un amparo obtenido por Moreno, sino a la falta de resolución legislativa durante la legislatura pasada, lo que dejó el asunto inconcluso hasta que fue formalmente archivado.

Además, Alejandro Moreno, también conocido como “Alito”, logró un amparo en tribunales federales que invalidó un cateo realizado en su residencia, lo que derivó en que las pruebas recabadas durante dicha diligencia fueran consideradas ilegales. Por lo tanto, cualquier imputación basada en esa evidencia quedó sin sustento legal, aunque esto no implica necesariamente que se haya descartado la posible comisión de delitos.

¿Persecución política o procedimiento legal?

Cuestionado sobre el momento en que se reactiva el tema, Flores Cervantes negó que se trate de una maniobra política contra el líder del PRI, especialmente ante los señalamientos que circulan sobre figuras del oficialismo, como el caso del senador Adán Augusto López y posibles vínculos con grupos delictivos.

“Desde que estoy al frente de la Sección Instructora hemos tratado todos los casos conforme a la ley, sin sesgos ni tintes políticos”, declaró.

La Sección Instructora es el órgano de la Cámara de Diputados encargado de tramitar juicios de procedencia, es decir, de evaluar si un legislador debe perder el fuero constitucional para enfrentar procesos penales. El procedimiento involucra un análisis de pruebas tanto de la parte acusadora como de la defensa, y posteriormente el dictamen es votado por el Pleno.

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foto cortesía

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