Puebla, Pue.— La reciente reforma a la llamada Ley de Ciberasedio, aprobada el pasado 10 de julio en Puebla, ya enfrenta su primer revés legal. La organización Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación al considerar que la modificación al artículo 480 del Código Penal estatal viola derechos fundamentales y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de los jueces.

El recurso fue recibido el pasado 15 de julio, con la activista Érika Nicteha como representante legal. El objetivo del amparo es lograr la derogación de la reforma, argumentando que incurre en al menos seis irregularidades jurídicas, entre ellas una afectación al principio de legalidad penal y a la libertad de expresión.

Ley con fundamentos ambiguos, según activistas

De acuerdo con la organización, uno de los puntos más críticos de la reforma es que carece de precisión legal, ya que permite que los jueces apliquen analogías para emitir sentencias. Este tipo de redacción, aseguran, pone en riesgo la taxatividad, es decir, el principio que exige que los delitos y sanciones estén descritos de manera clara y exacta en la ley.

“Se castiga un acto a partir de una interpretación abierta, sin definir con claridad qué se considera ‘ciberasedio’ ni los parámetros para evaluar si hubo un ‘daño emocional’. Eso deja todo a criterio del juzgador”, señaló Iris a través de un comunicado.

Invasión de facultades federales

Otro de los argumentos centrales del amparo es que la reforma invade atribuciones exclusivas de la federación, pues —según el organismo— sólo el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar en temas relacionados con comunicación digital, radiodifusión e internet. Con esta acción, acusan, el Congreso poblano se excedió en sus facultades constitucionales.

Además, la fundación criticó que la modificación legal no fue sometida a consulta ciudadana ni discutida en espacios públicos antes de su aprobación, lo que viola el principio de deliberación democrática.

Libertad de expresión, en riesgo

Uno de los puntos más sensibles para la organización es que, con la ambigüedad del texto, se corre el riesgo de que ciertas expresiones en línea —aunque no constituyan amenazas— sean castigadas como delitos. “No se puede criminalizar la opinión en redes sociales sólo por incomodar a alguien”, advierten.

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