En junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara por presuntos vínculos con el crimen organizado vía lavado de dinero.

La repartición detalla que Intercam recibió la sanción más alta (aproximadamente 92 mdp), CIBanco fue multado con poco más de 66 mdp, y Vector con 26.46 mdp. En el caso específico de Vector, la CNBV aplicó seis multas por infracciones a la Ley de Fondos de Inversión: omisión de informar prospectos y estados de cuenta, publicidad irregular y fallas en la captura y registro de órdenes de compra/venta .

Las sanciones se ejercen en reacción a la declaración del FinCEN, la unidad antidelitos financieros del Tesoro de EU, que en junio declaró a estas entidades como "preocupación primaria en materia de lavado de dinero", asociadas al tráfico de fentanilo. Aun así, las tres rechazaron cualquier vínculo ilícito y acusaron falta de pruebas concretas.

Ante la tormenta, la CNBV intervino de forma temporal la gestión de CIBanco, Intercam y Vector para evitar una posible fuga masiva de recursos y mantener la liquidez en el sistema. Según la CNBV y Hacienda el objetivo de esta medida fue proteger a ahorradores e inversionistas, y mitigar el riesgo de una corrida bancaria.

En paralelo, el Tesoro de EU concedió una prórroga de 45 días (hasta el 4 de septiembre) antes de que entren en vigor las restricciones en transferencias con estas entidades, en respuesta a las acciones tomadas por México, tales como la intervención y entrega de fideicomisos a la banca de desarrollo.

Expertos del sector advierten sobre riesgos crediticios y reputacionales, así como la posibilidad de deserción de clientes: agencias como Fitch y S&P han rebajado las calificaciones de estas firmas por vulnerabilidades en liquidez y gobernanza. Por su parte, representantes de la Asociación de Bancos de México destacan que no existen evidencias de contagio sistémico y que el sistema sigue sólido.

El caso subraya la presión regulatoria internacional y nacional para reforzar controles antilavado y transparencia. En respuesta, el Congreso mexicano avanzó en reformas a la Ley Antilavado, con recomendaciones del GAFI, mientras que Hacienda y la CNBV implementan inspecciones y redoblan vigilancia en el sector.

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