El Congreso local de Puebla anunció que solicitará a la Auditoría Superior del Estado un análisis exhaustivo de las obras realizadas en la Avenida Juárez y la calle Xonaca, ejecutadas durante la gestión del exalcalde Eduardo Rivera Pérez. La presidenta de la Junta, Laura Artemisa García Chávez, explicó que la decisión responde a denuncias ciudadanas y evaluaciones técnicas que alertan sobre problemas que ponen en riesgo la circulación y podrían generar un impacto al erario.

“Estaremos trabajando con el auditor y vamos a pedirle que sea muy puntual con la revisión de las obras que solo han generado riesgo a la movilidad”, indicó García Chávez, quien agregó que también buscarán indagar en la transparencia y uso correcto de los recursos, así como en la actuación de los órganos encargados de la supervisión.

El llamado a la auditoría ocurre en medio de varias denuncias públicas y reclamos por el mal estado de la vialidad en la Juárez, donde incluso se han reportado hundimientos del asfalto a menos de un año de inaugurarse. Este colapso se dio tras la temporada de lluvias recientes, lo que puso en evidencia fallas en la calidad de materiales utilizados, incluyendo adoquines pintados en lugar de auténticos bloques, según especialistas y oposición municipal.

El alcalde actual, José Chedraui Budib, ha informado que las obras en la Juárez representaron una inversión combinada de 96 millones de pesos, repartidos en dos contratos, uno por 83 y otro por 13 millones. Reconoció que el drenaje pluvial no resistió un solo aguacero, dejando pavimento levantado y agravando los problemas de tráfico.

La oposición, especialmente integrantes de Morena, han calificado dichas obras como “fraudulentas” y “basura”, acusando al gobierno panista anterior por negligencia en licitaciones y supervisión. El regidor Leobardo Rodríguez Juárez advirtió que, de confirmarse irregularidades, podrían entablar demandas contra los responsables y las constructoras involucradas.

Mientras tanto, residentes y usuarios han expresado su molestia por la pésima calidad de la vía. En redes sociales y foros apuntan a que las obras no sólo no mejoraron la circulación, sino que han empeorado la movilidad al quitar carriles y causar tráfico severo.

La petición del Congreso busca dos objetivos: determinar si las empresas que ejecutaron los trabajos incumplieron con sus obligaciones y si existen mecanismos que permitan reponer recursos malgastados o activar responsables. Además, se pretende que la Auditoría revise si las fianzas contratadas están activas y pueden garantizar la reparación de daños.

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foto cortesía 

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