Puebla, Pue. - En medio de críticas por posibles afectaciones a la libertad de expresión, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) decidió mantener una postura de análisis respecto a la Ley de Ciberasedio, en lugar de impugnarla de inmediato. Aunque el tema ha generado alerta entre activistas, periodistas y ciudadanos, el organismo indicó que primero esperará a que se publique la redacción definitiva de las reformas al artículo 480 del Código Penal estatal, antes de tomar acciones legales.

La presidenta de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya, explicó que aún están dentro del plazo legal para promover una acción de inconstitucionalidad, y que por ahora, el enfoque será jurídico y técnico. Añadió que, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya se manifestó en contra de dicha ley, los organismos estatales operan de forma autónoma y no tienen por qué actuar de manera coordinada.

La Ley de Ciberasedio, aprobada el pasado 13 de junio, establece sanciones penales para quien utilice medios digitales con el fin de "injuriar, ofender, agraviar o vejar" de manera reiterada a otra persona. Sin embargo, especialistas en derechos digitales y libertad de expresión han advertido que el lenguaje vago y ambiguo de la redacción podría dar pie a abusos por parte de autoridades o particulares, especialmente contra voces críticas o medios de comunicación.

Por su parte, Sánchez Soya declaró que comparte la preocupación expresada por diversos sectores sociales, y coincidió en que la ley no debe prestarse para censura indirecta ni para restringir el derecho a opinar, cuestionar o criticar. También mencionó que el gobernador Alejandro Armenta ya solicitó al Congreso local revisar y corregir la redacción del artículo.

Actualmente, la CDH se mantiene al tanto de los foros ciudadanos y mesas de trabajo que el Congreso estatal organizó para escuchar las observaciones de expertos, organizaciones civiles y ciudadanía en general. El compromiso, según dijo la presidenta del organismo, es actuar si el contenido final de la reforma sigue representando un riesgo para los derechos humanos.

El plazo límite para presentar una impugnación es el 15 de julio, por lo que la CDH tomará una decisión en cuanto se conozca la versión definitiva. En caso de detectar que el texto sigue siendo ambiguo o violatorio de derechos constitucionales, estarían listos para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto cortesía

xmh