Mientras en las calles se percibe el impacto cotidiano de la violencia ligada al narcotráfico, detrás de ese escenario se mueve una economía criminal de grandes proporciones. De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre Drogas 2025, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cárteles mexicanos generan más de 12 mil millones de dólares al año por la venta ilegal de sustancias como cocaína, heroína y metanfetaminas.

El informe detalla que entre 2015 y 2018, solo el tráfico de cocaína representó ingresos estimados de 4,500 millones de dólares anuales para estos grupos criminales. A esto se suman alrededor de 4,800 millones por la distribución de heroína y otros 2,800 millones por la comercialización de metanfetaminas. Estas cifras colocan a México como un punto clave dentro del mercado internacional de estupefacientes, tanto en producción como en distribución.

Pero no todo se queda en el trasiego de drogas. Parte de esas ganancias necesitan ser “blanqueadas” para integrarse al sistema económico legal. Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por supuestamente participar en esquemas de lavado de dinero relacionados con varios cárteles, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva.

Según la investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas entidades habrían facilitado transacciones por más de 186 millones de dólares. Las operaciones presuntamente incluyeron pagos para la compra de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo, desde proveedores en China hacia grupos criminales mexicanos.

Entre los señalamientos, destaca el caso de CIBanco, acusado de permitir transacciones sospechosas por más de 2 millones de dólares entre 2021 y 2024, además de abrir cuentas a personas vinculadas con el crimen organizado. Intercam, por su parte, habría servido como intermediario para transferencias internacionales ligadas al CJNG, mientras que Vector está bajo sospecha de haber facilitado movimientos financieros entre mulas del narcotráfico y empresas fachada.

Las tres instituciones rechazaron las acusaciones. Afirmaron que operan bajo la regulación financiera nacional y que están dispuestas a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier duda. La Secretaría de Hacienda de México también respondió al informe estadounidense, señalando que hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes y que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a estas entidades han sido de tipo administrativo.

Aunque los vínculos entre finanzas formales y crimen organizado no son nuevos, estos señalamientos reavivan el debate sobre la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano ante el lavado de dinero. También ponen en entredicho la eficacia de los mecanismos de supervisión que, en teoría, deberían detectar y frenar este tipo de operaciones.

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xmh