Puebla, Pue.- Previo a la audiencia inicial de imputación en contra de la expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, por el caso de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, un grupo de personas se manifestaron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en apoyo al caso de las comunicadoras.

Previo a la llegada de los manifestantes, se hizo presente la expresidenta de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, sin embargo, no dio ninguna declaración y evadió a la prensa para entrar directo al juzgado.

Pese al poder que ostentó a lo largo de tres años al frente de la alcaldía de Izúcar de Matamoros, este lunes nueve de junio, la exalcaldesa arribó sola al Poder Judicial de la Federación.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo del 2023, las periodistas Natalie Hoyos López y Michelle Hoyos López, reportera y reportera gráfica, de manera respectiva del medio Enlace Noticias, así como tres activistas y un hombre, fueron víctimas de una detención arbitraria y tratos degradantes, crueles e inhumanos por parte de la policía municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Las dos periodistas cubrían actividades de un colectivo feminista llamado “Marea Púrpura” en el Zócalo de Izúcar de Matamoros con motivo de las celebraciones del #8M.

Fue hasta el final de las actividades cuando hicieron el favor de llevar al domicilio a una de las activistas, que se percataron que una camioneta de la policía municipal venía siguiéndolas con las luces apagadas, ya en el lugar, arribaron cinco elementos de dicha corporación del municipio de Izúcar de Matamoros, posteriormente, llegaron dos patrullas y dos moto patrullas con un total de 18 elementos de la policía quienes las detuvieron arbitrariamente, y todo al parecer por órdenes de la jefa Irene Olea Torres, en ese entonces presidente municipal de Izúcar de Matamoros.

Las periodistas fueron trasladadas a la subcomandancia de Seguridad Sur, donde fueron humilladas e insultadas, sufrieron golpes, violencia sexual por parte de la mujer policía. Además, las tuvieron incomunicadas durante aproximadamente cuatro horas y les preguntaron los nombres de las participantes de la marcha. Finalmente, fueron liberadas, el 11 de marzo luego de que pagaran una multa de mil 900 pesos cada una por supuestamente “ensuciar” las calles.

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