México.- A pesar de los avances en la visibilización y el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBTIQA+ (sigla que engloba a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, queer, asexuales y otras identidades sexogenéricas todavía no clasificadas) en México, los crímenes de odio contra esta población, especialmente dirigidos a mujeres trans, continúan en aumento. El contraste evidencia una desconexión profunda entre los marcos jurídicos y la realidad cotidiana que enfrentan estas poblaciones.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT –en el que participa la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, dirigida por Gloria Careaga, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y fundadora del entonces Programa Universitario de Estudios de Género, hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Género— entre 2014 y lo que va de 2025 se han registrado al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en México.

En este contexto, se observa una tendencia al alza en los crímenes de odio hacia mujeres trans. Las causas son múltiples y estructurales: entre la falta de registros oficiales, la escasa tipificación de estos delitos en los códigos penales estatales, la impunidad, los prejuicios sociales persistentes y la ausencia de perspectiva de género en los sistemas de justicia. Todo ello ocurre a pesar de los avances normativos y de la creciente atención institucional en la materia.

Asimismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México ha alertado sobre la manera en que la discriminación limita las oportunidades para las personas LGBTIQA+, en especial las mujeres trans, en ámbitos como el empleo, la salud y la educación.

Un dato revelador lo ofrece la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021: a las mujeres trans se les niega el acceso al empleo cuatro veces más que a las mujeres cisgénero (18.8 % frente a 4.3 %).

Al respecto, es imprescindible reconocer que los avances, aunque relevantes –como la inclusión del tema en la agenda pública y el reconocimiento del matrimonio igualitario en todas las entidades desde octubre de 2022–, no han sido suficientes para erradicar las violencias estructurales ni garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas trans.

Este junio, mes del Orgullo LGBTIQA+, le doctore César Torres Cruz, secretarix académicx del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, ha señalado en entrevistas y foros que el desafío principal que enfrenta esta población es la lucha contra el estigma en una sociedad aún marcada por el machismo y la heteronorma.

Por eso, como afirmó César Torres, la educación con enfoque de género y diversidad, tarde o temprano, ayudará a garantizar condiciones de vida digna para las personas de la población LGBTIQA+, y sentará las bases para que este país ofrezca espacios de justicia e igualdad. En este sentido, la UNAM hace un trabajo importante contra las fuerzas neoconservadoras y la violencia.

PANORAMA NACIONAL

En México, la población LGBTIQ+ asciende a cinco millones de personas (5.1 % de quienes tienen 15 años y más), lo que significa que una de cada 20 se identifica como parte de ella (INEGI).

Entre 2019 y 2024 se han registrado en la República mexicana al menos 672 crímenes de odio hacia esta población, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Esto ubica a nuestro país como el segundo con mayor número de delitos de este tipo.

Según la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans en México 2021, 52 % de ellas declaró tener una escolaridad por debajo de la preparatoria.

Dentro de todas las identidades de género, las mujeres trans son el grupo que mayores probabilidades tiene de sufrir discriminación laboral, en términos de acceso a oportunidades de empleo, violencia en los centros de trabajo y trato desigual (INEGI).

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