Altamirano, Chis. – Como parte de las acciones para frenar el deterioro ambiental en zonas vulnerables del país, autoridades clausuraron 13 aserraderos clandestinos en plena Selva Lacandona, considerada una de las regiones con mayor biodiversidad en México y actualmente bajo presión por la tala ilegal.

La operación fue coordinada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Estas acciones forman parte del Programa de Combate a la Tala Clandestina, cuyo objetivo es contener el aprovechamiento ilícito de recursos forestales en zonas consideradas críticas.

En los operativos, realizados en el municipio de Altamirano, se logró el aseguramiento de miles de metros cúbicos de madera y maquinaria utilizada para procesar troncos sin autorización oficial. Se trata de una de las incautaciones más grandes en lo que va del año, según fuentes de la Profepa.

La Selva Lacandona, ubicada en el sureste de Chiapas, es una de las 13 regiones forestales prioritarias que requieren atención urgente. Su riqueza natural ha sido afectada por prácticas ilegales que van desde la tala hasta el tráfico de especies. La Profepa ha advertido que la pérdida de masa forestal en esta zona no solo compromete la flora y fauna local, sino que agrava fenómenos como el cambio climático y pone en riesgo los medios de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen del bosque.

Los operativos no son nuevos, pero el actual despliegue representa una estrategia más amplia para reducir la incidencia del delito forestal. “La tala clandestina no solo es un delito ambiental, también es una amenaza para la seguridad y el desarrollo sostenible”, declaró un vocero de la dependencia ambiental, quien solicitó no ser identificado por razones de seguridad.

Si bien las acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales han dado resultados concretos, especialistas señalan que el problema de fondo requiere más que operativos: hace falta educación ambiental, alternativas económicas sostenibles para las comunidades, y un seguimiento judicial firme para que quienes violan la ley enfrenten consecuencias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones vinculadas a los operativos, aunque se prevé que se abran carpetas de investigación por los delitos ambientales cometidos.

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foto cortesía 

xmh