Todo comenzó en marzo de 2021, cuando se emprendieron acciones legales en contra de miembros de la familia Jenkins, ligada a la Fundación Mary Street Jenkins, encargada de la administración de la universidad. El proceso escaló rápidamente hasta convertirse en una disputa por el control del campus y los recursos de la institución, supuestamente por un desfalco superior a los 720 millones de dólares.

 

El conflicto alcanzó su punto más tenso en julio de ese mismo año, cuando elementos de seguridad, respaldados por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, intervinieron directamente y tomaron las instalaciones del campus, argumentando la restitución del patronato “legítimo”. Desde entonces, la universidad operó bajo una administración paralela, mientras el rector original, Luis Ernesto Derbez, permanecía apartado del cargo.

 

Derbez regresó formalmente a sus funciones hasta agosto de 2023, dos años después del inicio de la disputa, tras una serie de resoluciones judiciales que favorecieron su posición. Para entonces, el daño ya estaba hecho: de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la matrícula estudiantil pasó de 9,740 alumnos en el ciclo 2021-2022 a solo 7,913 en el siguiente año escolar.

 

Lo que en su momento fue presentado como un combate frontal a la corrupción terminó sin consecuencias legales para los señalados. Ninguno de los involucrados en las denuncias fue procesado penalmente, y hoy las autoridades estatales reconocen que no hay investigaciones activas sobre el caso.

 

El asunto ha sido motivo de críticas por parte de académicos, estudiantes y defensores de la autonomía universitaria, quienes ven en este episodio un ejemplo de intervención política en asuntos educativos bajo el pretexto de transparencia. Mientras tanto, la Fundación Mary Street Jenkins y sus representantes continúan operando sin restricciones legales, y la universidad busca retomar el rumbo tras años de incertidumbre.

 

Hasta ahora, ni la Fiscalía estatal ni la administración actual han ofrecido explicaciones claras sobre por qué el caso fue archivado o si hay posibilidades de reactivarlo. La historia, que comenzó con acusaciones de fraude multimillonario, ha terminado en silencio institucional.

 

 

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xmh