La mañana de este 22 de mayo, la jueza del 11º Circuito Judicial de Florida, Lisa Walsh, emitió una sentencia contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, y su esposa Cristina Pereyra, por la cual tendrán que pagar $2,488 millones de dólares por el delito de fraude y lavado dinero.

De acuerdo con los cargos, el de por si preso exfuncionario mexicano y su mujer son señalados por orquestar un fraude de esquema de contratos ilícitos que, según la demanda, absorbió recursos públicos del gobierno mexicano hacia propiedades suyas y cuentas bancarias que fueron abiertas en el sur de Florida.

El fallo de la jueza determino que García Luna debe pagar $748 millones, mientras que su esposa afronta una sanción de $1,740 millones de dólares. Los abogados del gobierno mexicano aplaudieron esta acción e indicaron que si estos incurren en una falta por no responder a la demanda inicial admiten los hechos.

Lo comentado se dio debido a que ni el exfuncionario, ni su esposa, respondieron a la demanda civil presentada en el 2021, pese a que la jueza Walsh advirtió varias veces sobre las consecuencias de su omisión, algo que no impidió que Pereyra no se presentará y su abogado se retirará del caso.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, entre el 2012 y el 2018, García Luna y varios colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer unos $250 millones de dólares, que luego fue multiplicado por $580 millones 8,513.40 de dólares mediante sobrecostos y comisiones secretas.

“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados”, señala la moción que la UIF presentó ante la corte de Florida.

Con esta sentencia, el gobierno mexicano podrá confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Algunos de los colaboradores del exfuncionario fueron los empresarios estadounidenses Samuel y Alexis Weinberg, quienes están negociando un acuerdo con la UIF.

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Foto: Redes Sociales

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