Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública realizaron a la pareja de Manuel Bartlett por un monto equivalente a 120 millones de pesos. El rastreo del dinero se realiza a partir de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario presuntamente desviados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto

Iván Alamillo, periodista de MCCI, explica cómo Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, recibió depósitos por 4.5 millones de dólares de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres de Genaro García Luna.

Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que un millón 890 mil dólares fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella.

Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett ocupaba una curul como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida, cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario que el exsecretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de los Weinberg.

Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa. Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.

Expedientes de la demanda civil consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Bartlett.

La carta rogatoria fue enviada por la jueza Walsh a solicitud del despacho de abogados que representa a la UIF en la demanda civil. Esto, con el fin de obtener los registros bancarios mexicanos y utilizarlos como prueba de lavado de dinero en el juicio contra los Weinberg en Florida.

La respuesta que la CNBV dio al exhorto de la jueza no está disponible para consulta en los expedientes de la demanda. Sin embargo, el 9 de agosto de 2024, ya durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto a presentar documentos que identificaran el propósito de múltiples transferencias millonarias a Julia Abdalá.

Además, la UIF solicitó a los Weinberg proporcionar copias de cualquier tipo de comunicación que hayan tenido con la pareja de Bartlett respecto a dichas transferencias.

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Tomado de contralacorrupcion.mx

Foto: Especial

cdch