Una iniciativa legislativa conocida como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, aprobada recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, plantea aplicar un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas al extranjero. Esta propuesta, que aún debe ser discutida en el Senado, ha encendido alertas entre migrantes y economistas en México.

El nuevo gravamen afectaría a quienes no son ciudadanos estadounidenses, incluyendo a personas con visa de trabajo, residencia legal (green card) o beneficios migratorios temporales. También estarían incluidos los migrantes indocumentados. Por el contrario, los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos.

De ser aprobada, la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2026. El impuesto sería cobrado directamente al remitente por las empresas encargadas de realizar las transferencias, quienes también tendrían la obligación de reportar todas las operaciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS), tanto las gravadas como las exentas.

Según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), México es el país que más remesas recibe desde EE.UU., seguido por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En estas naciones, el dinero enviado por migrantes representa hasta el 27% del Producto Interno Bruto (PIB), como en el caso de Nicaragua.

En entrevista con Deutsche Welle, el economista Jesús Alejandro Cervantes González, del CEMLA, señaló que esta política podría causar una caída significativa en el flujo de remesas, lo que afectaría directamente a millones de familias que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas.

Además del impuesto a las remesas, el proyecto incluye otras medidas fiscales, como eliminación de exenciones tributarias, nuevos impuestos a universidades privadas y restricciones a organizaciones sin fines de lucro. También propone retirar beneficios fiscales a inmigrantes indocumentados, endureciendo aún más el escenario migratorio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la propuesta como “discriminatoria” y afirmó que su gobierno ya ha iniciado diálogos con autoridades estadounidenses para defender los derechos de los migrantes y mitigar el posible impacto económico.

De concretarse esta medida, el impuesto no solo aumentaría el costo de enviar dinero, sino que también podría disminuir el volumen de remesas, afectando directamente a comunidades en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, donde estos ingresos representan un soporte económico vital.

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xmh