En medio de un contexto migratorio cada vez más complicado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció el cierre de cuatro de sus oficinas en México. La decisión fue tomada tras sufrir un recorte del 60% en su presupuesto global, situación que impacta directamente en la atención que se brinda a miles de personas en busca de protección internacional.

Las oficinas que han dejado de operar estaban ubicadas en Tenosique (Tabasco), Tuxtla Gutiérrez y Palenque (Chiapas), así como en Guadalajara (Jalisco). De acuerdo con Giovanni Lepri, representante de ACNUR en el país, se trató de una medida forzada: “Ninguna oficina era superflua, ningún colega lo era. Tuvimos que hacerlo porque no había otra opción”.

El ajuste no solo afectó la infraestructura operativa, sino también al personal. Más de 190 empleados fueron despedidos, muchos de ellos con años de experiencia y compromiso en contextos complejos de migración. “Eran colegas valientes, capaces y preparados. No pudimos seguir con su contratación”, lamentó Lepri.

Actualmente, la agencia mantiene actividades en solo ocho ciudades mexicanas: Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Tapachula y Tijuana. Sin embargo, estas oficinas difícilmente alcanzan a cubrir la creciente demanda de atención.

Y es que las cifras no mienten: en lo que va de 2024, se han registrado cerca de 80 mil solicitudes de asilo, colocando a México entre los diez países con más peticiones en el mundo. Buena parte de estas solicitudes provienen de personas originarias de Haití, Venezuela, Honduras y Cuba, aunque también hay un aumento de casos desde Sudamérica y África.

A esto se suma el flujo de migración irregular, que de enero a abril superó las 925 mil personas detectadas por autoridades mexicanas, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria. Esto ha sobrecargado puntos como Tapachula, donde se concentran dos terceras partes de las solicitudes de asilo a nivel nacional.

El panorama se complica si se considera que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) también enfrenta sus propios retos: falta de personal, recursos limitados y un marco institucional que no ha crecido al mismo ritmo que la demanda.

Frente a este escenario, ACNUR ha hecho un llamado urgente a los gobiernos, así como al sector privado, para que no abandonen el financiamiento. “Vamos a necesitar apoyo, ojalá que quienes ya nos ayudan lo sigan haciendo”, expresó Lepri. Mientras tanto, organizaciones civiles —muchas de ellas religiosas o comunitarias— intentan llenar los vacíos, aunque sus recursos también son limitados.

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foto cortesía 

xmh