Una campaña de corte antiinmigrante impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense ha comenzado a aparecer en medios mexicanos en horarios estelares, durante partidos de futbol y plataformas digitales como YouTube y TikTok. El objetivo: desalentar la migración irregular hacia Estados Unidos.

Lo que ha encendido las alarmas no solo es el contenido del mensaje, sino también la forma en que fue adjudicada. De acuerdo con el medio estadounidense Semafor, el gobierno de EE.UU. asignó 200 millones de dólares a esta campaña sin pasar por un proceso de licitación abierto, como marcan las prácticas de contratación pública en ese país.

Contratos entre amigos

La primera parte del contrato fue otorgada directamente a dos firmas relacionadas con consultores políticos republicanos. Una de ellas es People Who Think, LLC, propiedad de Jay Connaughton, quien trabajó como asesor de medios para la campaña de Donald Trump en 2016. La otra es Safe America Media, LLC, registrada en Delaware poco antes de iniciarse el proceso de adjudicación y vinculada al consultor Mike McElwain.

Ambas empresas se vieron beneficiadas bajo el argumento legal de una “urgencia inusual y apremiante”, invocada con base en la declaración de emergencia fronteriza que firmó Trump durante su mandato. Este mecanismo permitió evadir la licitación tradicional, pese a que el DHS sigue refiriéndose al proceso como “competitivo”.

Mensajes con doble filo

En los spots, aparece la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtiendo en tono firme: “Si entra a nuestro país y viola nuestras leyes, los cazaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”. Aunque el material se encuentra subtitulado al español y está dirigido a una audiencia internacional, el contenido ha generado críticas por equiparar a los migrantes con delincuentes, lo que puede caer en estigmatización, algo prohibido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México.

Además de apelar al miedo, los anuncios promueven la autodeportación mediante el uso de la app CBP One, una herramienta originalmente creada en el gobierno de Joe Biden para iniciar solicitudes de asilo.

Contexto mexicano y legal

Expertos en derecho de medios han advertido que este tipo de mensajes podrían violar disposiciones legales mexicanas, en particular aquellas relacionadas con contenidos discriminatorios o que vulneren los derechos humanos de poblaciones migrantes. Sin embargo, hasta ahora, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni la Secretaría de Gobernación (Segob) han emitido posicionamientos al respecto.

La campaña, que se extenderá durante dos años, continuará activa en varios países de América Latina. En México, ha generado especial atención por su intensidad mediática y por el hecho de que canales públicos también la estén difundiendo.

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Foto cortesía

xmh