El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una serie de medidas migratorias que buscan regularizar la situación de ciertos trabajadores indocumentados en el país. Estas acciones están orientadas principalmente a quienes laboran en sectores como el agrícola y la hostelería.

Operativo de autodeportación y retorno legal

Trump declaró el inicio de una “gran operación de autodeportación”, que se enfocará en migrantes que ingresaron al país de forma irregular. La estrategia contempla que ciertos trabajadores, bajo recomendación de sus empleadores, salgan del país voluntariamente y luego puedan regresar con un estatus legal.

El proceso implicaría una estancia mínima fuera del país —posiblemente de 60 días— antes de su retorno legal, aunque el mandatario no ha detallado cómo operará este esquema.

Colaboración con sectores productivos

El presidente enfatizó que trabajará con empresarios, en especial del sector agrícola, para evitar un impacto negativo en la producción. Mencionó que un empleador podría presentar una carta “sobre ciertas personas diciendo que son geniales, que están trabajando duro”, y entonces el gobierno ralentizaría los procesos de deportación y les permitiría regresar como trabajadores legales.

Impacto en la fuerza laboral

De acuerdo con una encuesta del Departamento de Trabajo de EE. UU., alrededor del 44% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del país son migrantes sin documentos. Una deportación masiva, alertan expertos, podría dejar al campo sin suficiente mano de obra, afectando la producción y provocando un posible aumento en los precios de los alimentos.

Medidas adicionales y controversias legales

Además de este nuevo enfoque, la administración Trump eliminó la app CBP One, implementada durante el mandato de Joe Biden, la cual permitía a los migrantes solicitar citas para ingresar legalmente por un puerto fronterizo. Fue sustituida por una nueva herramienta llamada CBP Home, que promueve la autoexpulsión de migrantes.

En paralelo, un juez federal en Washington D.C. aprobó la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados, exigiendo que se inscriban en una base de datos federal con datos biométricos. De no hacerlo, podrían enfrentar multas o prisión.

Mientras tanto, en Boston, una jueza federal emitió una medida cautelar para frenar la eliminación del “parole” humanitario, que actualmente protege a más de medio millón de migrantes contra la deportación.

Reacciones y críticas

Organizaciones de derechos humanos, legisladores y líderes empresariales han expresado su preocupación por estas decisiones. Argumentan que, además del impacto económico, estas políticas aumentan la incertidumbre entre las comunidades migrantes y podrían generar violaciones a los derechos humanos.

Descubre todo sobre noticias Puebla y de todo México visitando nuestra página principal.

Foto cortesía

xmh