La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó recientemente la penalización de la manipulación de contenido íntimo mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente cuando se altera o difunde material sin el consentimiento de la persona involucrada.

Esta resolución respalda el artículo 185 Bis del Código Penal de Sinaloa, que impone sanciones que incluyen hasta seis años de prisión y cuantiosas multas para quienes utilicen IA con fines de difusión no autorizada.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó que esta legislación busca regular la creación de contenidos audiovisuales manipulados, particularmente aquellos que buscan representar situaciones falsas o difundir material sexualmente explícito sin el consentimiento de las personas afectadas.

Estos actos, a menudo realizados con tecnologías como los "deepfakes", tienen la capacidad de crear material que parece auténtico, pero que en realidad es fabricado, lo que aumenta el riesgo de difamación y daño a las víctimas.

“Esta medida pretende penalizar la manipulación de contenido, que no solo puede causar daño, sino también generar hechos falsos con una apariencia de realidad, afectando la integridad de las personas”, detalló González Alcántara, quien subrayó el objetivo de proteger la privacidad de los ciudadanos frente al uso ilícito de herramientas tecnológicas.

El Código Penal de Sinaloa establece que quienes alteren imágenes, videos o audios con IA para difundir material íntimo sin consentimiento podrían enfrentarse a una pena de entre tres y seis años de prisión. Además, se contemplan multas económicas que van de los 56 mil 570 pesos a los 113 mil 140 pesos, dependiendo de la gravedad del delito. Esta medida, según los expertos, es un paso crucial para responder a los crecientes casos de violencia digital.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la necesidad urgente de actualizar los marcos legales para abordar los riesgos asociados con las nuevas tecnologías. En particular, hizo hincapié en que las mujeres y las niñas son los principales sectores vulnerables frente al mal uso de la inteligencia artificial.

"La tecnología está al alcance de muchos, pero eso implica también que las leyes deben adaptarse a estos avances", señaló Esquivel Mossa, resaltando que la legislación debe evolucionar para proteger a quienes se encuentran expuestos a este tipo de violencia digital.

En el contexto de la resolución, se discutió la falta de una definición precisa de inteligencia artificial, un tema que fue planteado por la Presidencia de la República a través de una acción de inconstitucionalidad. La propuesta de la Presidencia sugería que la ley era ambigua en cuanto a qué constituye exactamente IA. Sin embargo, los ministros de la SCJN argumentaron que definir la inteligencia artificial de forma rígida sería complicado y contraproducente, dada la rapidez con que avanza la tecnología.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que una definición cerrada podría limitar la capacidad de los legisladores para abordar nuevos riesgos tecnológicos de manera flexible. "No se puede exigir una definición precisa de IA, porque el propio desarrollo de esta tecnología está en constante cambio", indicó Ortiz Ahlf, enfatizando la necesidad de que las leyes sean lo suficientemente amplias para adaptarse a los desafíos futuros.

La discusión sobre esta legislación se da en un contexto alarmante: en 2023, más del 50% de las mujeres y niñas en el mundo fueron víctimas de algún tipo de violencia cibernética, lo que resalta la urgencia de establecer medidas más estrictas para prevenir estos delitos. La SCJN, reconociendo esta realidad, subrayó la importancia de implementar reformas que protejan a las personas de las consecuencias de la manipulación digital, particularmente en el ámbito de la privacidad personal.

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Foto cortesía

xmh