Puebla, Pue.- Después de la trifulca que se registró el pasado viernes 14 de febrero en la junta auxiliar de La Resurrección, Puebla, donde resultaron detenidas 11 personas, pobladores de ese lugar denuncian que existió abuso de autoridad.

Este sábado 15 de febrero en rueda de prensa, colonos pertenecientes a dicha junta auxiliar exigen la liberación de sus compañeros tras el intercambio de golpes que se registró en la presidenta auxiliar.

Cabe destacar que, tras los disturbios en la presidencia de La Resurrección, donde pobladores golpearon al edil auxiliar Floriberto Zapotitla Potrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo a 11 personas por lesiones y alterar el orden público.

Durante el operativo que montaron las autoridades municipales detuvieron a la principal opositora en La Resurrección y activista, Griselda Cuatlaxahue Portada, quien, por cierto, se encuentra embarazada, así como de su esposo, Alejandro Pérez, quienes permanecen incomunicados.

Además, de que también arrestaron a nueve personas ajenos al altercado y se llevaron cuatro vehículos.

Durante la reunión de este sábado con los medios de comunicación, los inconformes detallaron que los elementos de la SSC de Puebla arribaron a las oficinas del Juez de Paz en La Resurrección, Juan Pérez Pérez, y sin tener una orden de aprehensión y de cateo detuvo a 11 personas que no tuvieron nada que ver en la trifulca.

Aseguran que la pelea que se desató el pasado viernes fue provocada por el presidente auxiliar de La Resurrección, Floriberto Zapotitla Potrero.

“De tal manera exigimos la liberación de las personas detenidas, ya que el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipio de Puebla solo detuvo al grupo que no está conforme con el resultado de la elección”.

“Además, los uniformados para detenerlos tuvieron que irrumpir a las oficinas del Juez de Paz”, concluyeron los colonos de La Resurrección.

Finalmente, Máximo Cuatlaxahue, padre de la activista, informó que los detenidos han recibido amenazas y responsabilizan al secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales; al secretario general de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez; y al presidente de la comisión plebiscitaria, Gabriel Biestro, de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de estas acciones.

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