La controversial declaración de la Casa Blanca en relación con la supuesta connivencia del gobierno mexicano con el crimen organizado continúa dando material para la discusión pública.

El gobierno de Estados Unidos ha asegurado, primero a través de la carta y luego en palabras del secretario Marco Rubio, que funcionarios mexicanos tienen lazos de algún tipo con el crimen organizado.

La oposición no vaciló ni dos minutos en salir a condenar al gobierno de Sheinbaum y a hacer circular en medios y redes sociales eslóganes e imágenes que hacen referencia a un supuesto narco gobierno.

En contrapartida, los voceros del oficialismo no titubearon en preparar líneas discursivas defensivas. Recordaron - como podía anticiparse- el enjuiciamiento y sentencia condenatoria de Genaro García Luna en Nueva York, replicando lo que hizo la propia presidenta Sheinbaum en la mañanera.

En otras palabras, los propagandistas, seguramente en un acto de desesperación ante la contundencia (falso o verdadero, no se sabe) del documento publicado por Washington, recurrieron al caso del exsecretario de Felipe Calderón con el propósito asaz absurdo de buscar desviar la atención pública en torno al comunicado.

No se trata, a mi juicio, de García Luna, y ni siquiera, de un asunto de colores partidistas. El asunto central tiene qué ver con los indicios del involucramiento del crimen organizado en algunos niveles de gobierno; desde gestiones municipales hasta el gobernador Rubén Rocha, entre otros.

No es problema pues de uno u otro gobierno o partido, sino que la evidencia apunta hacia un asunto de corte estructural del Estado mexicano. El empoderamiento de los carteles y el incremento del tráfico de drogas y armas a través de la frontera es un hecho difícilmente debatible.

En suma, mientras los voceros intentan hacer girar la atención hacia García Luna y el PAN, la responsabilidad primaria de la presidenta Sheinbaum es poner todos los recursos al Estado al servicio de la justicia e investigar, y en su caso, encausar, a cualquier funcionario que participe, activa o pasivamente, en actos relacionados con el tráfico de drogas. No importa más colores o partidos. El respeto a la ley y la seguridad de los mexicanos viene primero.

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Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias

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