La reciente decisión de Grupo Elektra de retirarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha generado un intenso debate en el ámbito financiero y empresarial de México. Detrás de esta medida se encuentra Ricardo Salinas Pliego, su principal accionista, cuya gestión ha estado marcada por controversias que han impactado negativamente en el valor de las acciones de la compañía.

Uno de los factores más destacados es la millonaria deuda fiscal que Elektra mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde hace años, la empresa ha enfrentado litigios por adeudos que, según diversas fuentes, ascienden a más de 35,000 millones de pesos. Salinas Pliego ha mostrado una postura desafiante frente a estas obligaciones, elevando el tono contra el poder judicial y acusando al gobierno de persecución fiscal (El PAÍS).

Esta actitud ha tenido repercusiones directas en la confianza de los inversores. En diciembre de 2024, las acciones de Elektra sufrieron una caída abrupta de más del 70% al reanudarse su cotización en la BMV, reflejando la volatilidad y la pérdida de confianza en la empresa.

La salida de Elektra de la BMV, respaldada por más del 95% de sus accionistas, se presenta como una estrategia para reorganizar y fortalecer la compañía. Sin embargo, es inevitable cuestionar si esta medida busca también evadir la transparencia y el escrutinio público que implica cotizar en el mercado bursátil, especialmente en medio de las disputas fiscales y la depreciación de sus acciones.

La figura de Ricardo Salinas Pliego ha sido central en esta narrativa. Con una fortuna valorada en 10,500 millones de dólares, su confrontación con las autoridades fiscales y judiciales ha añadido una capa de incertidumbre sobre el futuro de sus empresas. Su negativa a saldar las deudas con el SAT no solo afecta la reputación de Elektra, sino que también plantea interrogantes sobre la ética empresarial y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México.