El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 21 de la Constitución para que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch, pueda investigar delitos y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.

El documento, enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para efectos constitucionales, establece que la investigación corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.

Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.

Además, el sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La secretaría también formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en los términos que señale la ley.

Podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. 

En el régimen transitorio, menciona que en 90 días naturales, contados a partir de la publicación del decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.

La reforma tiene tres ejes fundamentales

En la fundamentación del dictamen la diputada Jessica Saiden Quiroz, de Morena, indicó que la reforma se compone de tres ejes: la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.

 Mencionó que dentro de las modificaciones al artículo se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y se adiciona a la secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y otras instancias como la Guardia Nacional y las policías.

 Al contar con mayores atribuciones y recursos, afirmó, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá desplegar estrategias más efectivas, incluyendo operaciones de inteligencia, investigaciones y colaboración con otras agencias internacionales, ayudando a combatir a las organizaciones criminales y reduciendo de manera significativa los índices de violencia y otros delitos asociados, como el narcotráfico, secuestro y extorsión.

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Foto: Especial

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