La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la Recomendación 29/2024 dirigida al Ayuntamiento de Puebla tras detectar violaciones a los derechos humanos en un incidente ocurrido el 24 de diciembre de 2022, cuando policías municipales asesinaron a una persona y dejaron heridas a cuatro más.

De acuerdo con el documento, los hechos comenzaron cuando cuatro policías municipales arribaron a un establecimiento comercial sin justificación y abordaron a una persona para realizarle una "revisión de rutina". Sin explicación, los policías amenazaron al individuo con llevarlo a la cárcel y le exigieron su cartera y dinero, alegando que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Cuando la víctima intentó grabar la situación con su celular, los policías intentaron arrebatarle el dispositivo. En medio del altercado, la madre de la persona llegó al lugar y, al ver la situación, trató de intervenir. Sin embargo, un policía la arrastró, causándole lesiones.

La situación escaló cuando la víctima logró escapar y se refugió en su casa, alertando a sus familiares sobre el intento de robo. Al salir a ayudarlo, varios familiares fueron perseguidos por los policías, quienes abrieron fuego, resultando en la muerte de uno de ellos y lesiones a otros cuatro.

La CDH Puebla determinó que la actuación de la policía no solo violó el derecho a la vida y la integridad personal, sino que también afectó la seguridad jurídica y la propiedad, dado que los disparos dañaron un vehículo de una de las víctimas. Además, dos policías que presenciaron los hechos fueron omisos en su deber de intervenir.

Ante estos sucesos, la CDH Puebla ha emitido varias recomendaciones. En primer lugar, se debe ofrecer una reparación integral a las víctimas, proporcionando una compensación justa según lo estipulado en la Ley de Víctimas del Estado de Puebla. Asimismo, se debe garantizar atención médica y psicológica continua para las víctimas, con el fin de sanar las secuelas de los hechos.

Además, se recomendó otorgar una indemnización económica por los perjuicios sufridos y emitir una circular a los servidores públicos del ayuntamiento para que se adhieran al marco legal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. También es esencial que el personal de seguridad pública reciba capacitación sobre la protección de estos derechos.

Por último, se sugirió implementar el uso de cámaras en operativos policiales para asegurar la legalidad de las actuaciones.