El Congreso del Estado desaprobó el inicio formal de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de tres personas que fueron alcaldes en el periodo 2014-2018.

Una de ellas es Bertha Rodríguez Rodríguez, presidenta municipal de Atlequizayan por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; Juan Enrique Rivera Reyes, alcalde de Chignahuapan; y Joel Díaz Ramírez, quien fungió como presidente municipal del ayuntamiento de Tlahuapan.

A todos ellos se les auditó en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y se les encontraron presuntas irregularidades en distintos montos; sin embargo, el Congreso, “declara que ha operado de pleno derecho la prescripción para la imposición de sanciones administrativas”.

También se vio beneficiado, por el tiempo transcurrido en exceso, Alejandro Landero León, quien fungió como administrador general del Organismo Municipal Descentralizado denominado Industrial de Abastos Puebla, por el ejercicio auditado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, teniendo el presente Decreto el valor de cosa juzgada en materia administrativa.

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Foto: Especial

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