Una vez que la empresa canadiense Almaden Minerals inició un proceso para que se le indemnice con 200 millones de dólares por perder concesiones en Ixtacamaxtitlán, Puebla, organizaciones sociales indicaron que también debe responder por daños causados en las comunidades.

La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua exigió que las autoridades mexicanas consideren para el procedimiento de arbitraje las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa generó en su territorio.

Fue el pasado 27 de junio cuando Almaden solicitó un proceso de arbitraje contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es un mecanismo del Banco Mundial.

La empresa invocó el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.

Almaden exige al gobierno mexicano una indemnización económica de 200 millones de dólares y ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.

Sin embargo, las organizaciones sociales señalaron que las actividades de la minera generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.

Además, cuestionaron que “la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos años diez años de lucha, como se puede observar en la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades”.

Asimismo, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida de los ecosistemas.

Por ello solicitaron a la Secretaría de Economía, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, la Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.

“Por otro lado, solicitamos al Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente”.

Consideraron que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.

“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerlas Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, agregaron.

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Foto: especial

gse