El Instituto Nacional Electoral recibió, del 14 de abril del 2020 al 18 de junio de 2024, 502 quejas, denuncias o vistas, en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

De ellas se han registrado 177 Procedimientos Especiales Sancionadores, 54 Cuadernos de Antecedentes y 271 casos con incompetencia.

Al respecto, 533 hombres han sido identificados como probables infractores, siendo el 75 % de la totalidad de las personas físicas denunciadas, mientras que el 25 % restante corresponde a mujeres (176). De las 523 víctimas identificadas, 39 de ellas presenta una interseccionalidad con otra categoría, siendo la población LGBTTTIQ+ la que tiene mayor prevalencia, con 49 % de los casos.

El informe destaca asimismo que el 2024 ha sido el año en que el INE ha tenido mayor competencia en las quejas recibidas, pues el 60.5 % se ha sustanciado en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mientras que el 39.5 % ha sido remitido a otras instancias por incompetencia.

Se subraya que la medida cautelar decretada con mayor prevalencia fue ordenar el retiro de las publicaciones denunciadas en redes sociales, medios de comunicación y/o en plataformas de medios digitales.

Imprescindible, contar con una instancia especializada para atender VPMRG

Durante la presentación del Segundo Informe Mensual del Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios Psicológicos, Orientación, Asesoría, Atención y Acompañamiento Jurídico de las Mujeres en Situación de Violencia Política en Razón de Género, la consejera Rita Bell López Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, aseveró que se trata de “un mecanismo articulador con diversas instancias de administración y justicia electoral, de atención a las mujeres, a organismos de mujeres e incluso también con la sociedad civil organizada”.

Asimismo, prosiguió, está permitiendo obtener información diagnóstica sobre la atención a las mujeres en situación de violencia política en razón de género, al interior del Instituto, en los organismos desconcentrados y que permitirá una respuesta más integral por parte del Estado mexicano hacia las mujeres en esta situación, así como para fortalecer a los organismos que brindan este tipo de atención.

López Vences indicó que el informe reporta que el 45 % de las usuarias atendidas corresponde a mujeres políticas también defensoras de derechos humanos; “por lo que resulta necesario visibilizar el doble riesgo que presentan” y, cuya protección debe ser reforzada. Planteó finalmente lo imprescindible de contar con la instancia adecuada, con un área especializada, que siga brindando la atención y servicio a las mujeres políticas.

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Foto: archivo m

gse