La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) acompañó a abogados de la Junta Federal número 33 de Conciliación y Arbitraje de Puebla, quienes rechazan que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciara el cierre de dicho espacio, lo cual resulta oneroso y complicado para los involucrados, pues muchos casos serán trasladados a Oaxaca y Tlaxcala.

En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, la diputada exhortó a Marath Baruch Bolaños López, titular de la STPS, a escuchar a los abogados y a explicarles la situación de los 10 mil expedientes por resolver.

Hernández Pérez dijo que se han presentado los amparos para que preste atención al cierre de dicha junta federal.

Los abogados solicitaron la intervención de la Cámara de Diputados para que se informe sobre los mecanismos que se adoptarán para el cierre de la Junta y que se reconsidere la decisión, además pidieron que los expedientes permanezcan en Puebla, donde existe una mayor capacidad de resolución.

Recordaron que el pasado 17 junio se publicó un acuerdo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que suprime la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Detallaron que esta Junta tiene aún 10 mil expedientes pendientes de resolver, que se dividen entre los estados de Tlaxcala y Oaxaca. “En Tlaxcala tiene alrededor de 2 mil a 3 mil expedientes, y a Oaxaca se enviaron 6 mil expedientes; los tribunales colegiados ya tienen una carga de trabajo considerable, lo que retrasará aún más la impartición de justicia”.

Consideraron que este acuerdo es un retroceso en la impartición de justicia, pues la propuesta es que se cierre uno de los tribunales colegiados en Oaxaca y se remita a Puebla para reforzar la capacidad de resolución; sin embargo, “los tribunales colegiados en Puebla son especializados en materia laboral, lo cual no ocurre en Oaxaca”, señalaron.

Por su parte, la licenciada Mildred Mabel Rodríguez Porras señaló que dicho acuerdo vulnera los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica de los trabajadores, pues el traslado de los expedientes a Oaxaca implicaría un gasto económico significativo y un esfuerzo considerable para los trabajadores, muchos de los cuales carecen de los recursos necesarios. 

El trabajador Bonifacio Rodríguez expresó su inconformidad por la desaparición de la Junta Federal 33 en Puebla, pues muchos de los empleados, incluidos discapacitados, se verán afectados por tener que trasladarse a Oaxaca o Tlaxcala, por lo que pidió que los juicios se terminen en Puebla antes de ser enviados a dichas entidades.

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Foto: especial

gse