Puebla se ubica entre los primeros siete estados con mayores casos de violencia política, de acuerdo con la organización Laboratorio Electoral.

En su tercer reporte de las campañas, previo a la jornada electoral de este domingo 2 de junio, se indicó que Puebla suma 11 agresiones y van 5 asesinatos de personajes ligados al proceso.

Con estos 16 casos, se encuentra sólo por detrás de Chiapas y Michoacán que suman 66 cada uno, Guerrero con 27, Morelos con 25, Estado de México y Jalisco con 18 en cada caso.

En contraste destacan Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Colima, Tlaxcala, Querétaro y Campeche, con un solo caso.

Si se toman en cuenta sólo a los candidatos a un cargo de elección, en Puebla han sido víctimas de 11 agresiones y 2 asesinatos.

Cabe señalar que este reporte tiene datos hasta el 30 de mayo pasado, por lo que no contempla el asesinato del candidato a regidor en Izúcar de Matamoros, Jorge Luis Huerta, este 31 de mayo, con lo que sumarían tres víctimas.

Los dos primeros crímenes considerados por el Laboratorio Electoral son los de Javier Torres en Chiautla y de Jaime González Pérez en Acatzingo.

En el reporte se indica que a nivel nacional la violencia contras los aspirantes y candidaturas ha aumentado desde febrero hasta mayo de 2024, “con un preocupante repunte en marzo”, coincidiendo esto a nivel federal con el inicio de las campañas federales, pero sobre todo con el periodo de registro de las candidaturas a nivel local y en mayo con la conclusión de las campañas.

Mientras que en mayo hubo un aumento de atentados contra las candidaturas, donde han sido víctimas mortales personas de sus equipos cercanos y sus familiares.

Asimismo las amenazas han aumentado considerablemente en los últimos dos meses, especialmente en Michoacán y Chiapas, de acuerdo con las denuncias hechas por los partidos políticos.

Morena es el partido con mayor cantidad de aspirantes asesinados (11), seguido del PAN (8) y PRI (4).

Se consideró que la jornada electoral representará un reto para la ciudadanía, para los partidos y para las autoridades, tanto electorales como judiciales, ante lo que se requiere garantía para que la ciudadanía pueda acudir en libertad a las urnas.

Además “no podemos olvidar que el proceso electoral no termina el 2 de junio. Lo que pase después en los tribunales no puede ignorarse, y por eso el Senado debe designar las magistraturas pendientes en todo el país”, agregó.

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Foto: especial

gse