La diputada federal por Puebla, Julieta Vences Valencia (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, suscribió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 330, 331, 332, 333, y 334 del Código Penal Federal en materia de despenalización del aborto.

La legisladora afirmó que la despenalización del aborto es un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos, respetando su autonomía y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, respetando las circunstancias individuales y su elección de vida de cada una de ellas.

“Esta iniciativa busca que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a atención médica segura, sin temor a ser criminalizadas y juzgadas socialmente, atendiendo al derecho a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, igualdad jurídica, derecho a la salud, libertad reproductiva”, destacó en un comunicado.

Señaló que la criminalización del aborto limita el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud reproductiva. La derogación de estos artículos permitiría que las mujeres tengan autonomía para decidir si continúan o interrumpen un embarazo, en línea con sus propias circunstancias y valores.

Además, abundó, la prohibición del aborto no elimina la práctica, sino que conduce a que se realice en condiciones inseguras y clandestinas, lo que aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

La congresista por el estado de Puebla aseguró que legalizar y regular el aborto garantizaría que se realice en entornos seguros y con atención médica adecuada, reduciendo así las complicaciones y los riesgos para la salud pública.

“Esta medida es un asunto de justicia social, debido a que la penalización del aborto impacta de manera desigual en las mujeres con bajos recursos y en aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Eliminar estos artículos ayudaría a avanzar hacia la igualdad y la justicia social al asegurar que todas las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva seguros y de alta calidad”, expuso.

La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros en el mundo, la gran mayoría de ellos ocurren en países en vías de desarrollo. A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales.

Según la OMS, la interrupción del embarazo en condiciones de inseguridad es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna; impedir a las mujeres ejercer sus derechos reproductivos a través de la penalización del aborto constituye una práctica discriminatoria que atenta contra la dignidad humana y el derecho de toda persona a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida.

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